Los dueños de casas irregulares en el campo tiran la toalla: la asociación SOHA se disuelve tras 17 años de lucha

«Hemos logrado lo máximo posible, parar las demoliciones y legalizar nuestras casas», resume Smalley en alusión a la figura de la Declaración a Asimilado Fuera de Ordenación (DAFO), implantada por la Junta en 2012. «Llegamos a tener 400 socios, pero ya éramos apenas 145, muchos se han muerto, otros se cansaron y vendieron sus casas, y se volvieron a su país, otros hemos decidido quedarnos», confiesa el residente viñolero. «He tenido suficiente, estoy cansado y no tengo interés en seguir luchando», apostilla este británico, que fue concejal por el PA en la oposición en el Ayuntamiento de La Viñuela entre 2011 y 2015.

El que ha sido presidente de SOHA desde su fundación hasta su disolución considera que los socios están «satisfechos» con lo conseguido tras estos 17 años. «Se ha reconocido la situación, se pararon las demoliciones y se ha conseguido que se puedan vender las casas», resume Smalley, quien destaca que siguen viniendo extranjeros a vivir en el campo en la Axarquía. «La gente quiere ser feliz viviendo aquí», destaca.

Por su parte, el alemán Klaus Witte ha formado parte del consejo asesor de SOHA. «Quizás se debería haber prestado más atención a los afectados españoles desde el principio, en lugar de concentrarse en los extranjeros», dice Witte, quien apunta que de las más de 300.000 viviendas irregulares que se estima que hay construidas en el campo andaluz, de las que 50.000 están en Málaga y, de éstas, unas 20.000 en la Axarquía, la proporción de propietarios foráneos es «minoritaria».

Según Witte, «los afectados consideraban que habían cumplido debidamente todos los requisitos y estaban en posesión de un permiso de construcción expedido por un organismo estatal». «Habían pagado puntualmente todas las tasas, impuestos y cargos. ¿Y ahora el Estado, que aceptó gustosamente esos fondos, debe acusarles de un acto ilegal?», se pregunta este residente alemán.

Para este germano, el decreto andaluz de 2012, que implantó la figura del DAFO, «es moralmente censurable, ya que no se trata de una urbanización a corto plazo y los dueños que actuaron con buena conciencia deberían ser expropiados». «Tampoco tiene sentido, desde el punto de vista económico, ya que los ingresos del cultivo del vino, las almendras y las aceitunas, rara vez rinden más que el empleo en las áreas de servicios y la producción industrial», argumenta Witte, quien considera también «ecológicamente cuestionable propagar monocultivos que destruyen el sustento de muchos insectos y otras especies animales».

Para este alemán, la declaración como DAFO «no cambia el hecho de que no se puedan obtener permisos para alteraciones estructurales y el edificio tampoco sería ya solvente. Sólo sería legal sobre el papel», señala. «Si la mayoría de los 327.000 propietarios se hubieran unido a asociaciones como SOHA, habrían tenido fondos suficientes para demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al menos por violar sus propias leyes y vulnerar la protección de la propiedad. Sin embargo, el respaldo financiero seguía siendo demasiado débil para poder contratar abogados experimentados y costosos», se lamenta.

Las últimas modificaciones normativas introducidas por la Junta de Andalucía a partir de 2019, con el cambio del gobierno regional y la llegada del PP al poder, tampoco han satisfecho, del todo, al colectivo. Así, en noviembre de 2021, desde SOHA aseguraron que la LISTA «no solucionaba sus problemas», y que el texto iba a «crear agravios comparativos». El posterior reglamento, aprobado definitivamente en diciembre de 2022, dejaba «desamparados» a los propietarios de las casas construidas con licencias municipales, posteriormente anuladas por la Junta y/o los tribunales, «al darles el mismo trato que a las ilegales«.

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