La Junta inicia el último tramo de la legislatura sin el apoyo de Vox a su principal iniciativa parlamentaria

El Gobierno entiende que esta postura supone un nuevo golpe a la estabilidad en Andalucía, el segundo tras el rechazo a los Presupuestos, por parte del grupo político con el que hasta ahora ha sacado adelante la mayor parte de sus iniciativas a lo largo de la presente legislatura. Así lo aseguró este martes el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que indicó que en Vox todavía no han explicado «por qué intentan desestabilizar un gobierno que funciona, que lidera el empleo en el país».

Con el rechazo de Vox, los grupos que sustentan al Gobierno andaluz deberán contar al menos con la abstención del PSOE para poder iniciar la tramitación de la norma, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el año pasado y ya ha superado los procesos de consulta pública previa.

Los socialistas no han adelantado aún cuál será su posición, pero han criticado que los plazos impuestos para la tramitación de la ley sean perentorios. El límite para registrar una enmienda a la totalidad está fijado para este miércoles, un día antes de su debate en el Pleno, lo que en opinión del portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gerardo Sánchez, supone «una locura». Si su grupo o Unidas Podemos deciden presentar una enmienda a la totalidad este miércoles por la tarde, aún dentro del plazo fijado, la Mesa del Parlamento tendría que validarla el jueves por la mañana, una hora antes de que se debata.

Para el diputado socialista, se trata de una ley que por su importancia debería ser afrontada, por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, con mayor seriedad, con tranquilidad y con tiempo suficiente para afrontar un debate riguroso.

La norma permitiría convertir a Andalucía en pionera dentro de España en la adaptación de su legislación a la estrategia europea contra el cambio climático, ya que incide en la puesta en marcha de un un modelo económico y de protección ambiental que fomenta la reducción de los residuos, el alargamiento de la vida útil de los productos y servicios y el uso más racional de los recursos.

Aunque Bendodo mostró su confianza en que aún quede margen para negociar con Vox, la oposición frontal de este partido se inscribe en uno de los parámetros ideológicos en los que hace más hincapié: el rechazo a lo que denomina «globalismo». En su opinión, se trata de una cesión de soberanía y «un canto a la agenda 2030», el plan de 17 objetivos a tres lustros marcado en 2015 por las Naciones Unidas para avanzar en la consecución de un desarrollo sostenible en el conjunto del planeta.

Según el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, al centrarse en estos objetivos la ley se traduce en «más burocracia, nuevas oficinas y más requisitos para los andaluces». Además, Gavira especificó que su grupo tampoco acuerda con el tratamiento que recibe en la ley el ciclo del agua.

La ley prevé que la implantación del modelo de economía circular en Andalucía se base en el análisis del ciclo de vida y, por tanto, de la huella ecológica de los productos y servicios, la gestión de los bienes no vendidos, el impulso de la reparación, la lucha contra el desperdicio alimentario y las inversiones estratégicas en materia de economía circular.

Según está previsto, esto se hará reforzando la aplicación del principio de jerarquía de los residuos y sentando los principios de la economía circular a través de la regulación de ciertos aspectos básicos en materia de residuos, tales como la prevención, la preparación para la reutilización, los procesos de reciclado y la valorización material. Para ello se pone especial atención a los conceptos de 'subproducto' y 'fin de condición de residuos'.

Todas las actuaciones necesarias en el ámbito del tratamiento de residuos requerirán a largo plazo de unas inversiones estimadas en un total de 450 millones de euros. Andalucía ya cuenta con 80 millones para destinar a ese fin, que le fueron asignados procedentes de los fondos Next Generation.