El TC desmonta la sentencia de la trama política de los ERE y saca de la cárcel a dos exconsejeros

A la espera de conocerse cuál será la decisión del TC sobre los recursos que aún le quedan por abordar -incluidos los de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se comenzarán a debatir en dos semanas- ya se puede adelantar que el criterio que seguirá la mayoría del tribunal será favorable a los reos al considerar que durante el proceso se violó el derecho fundamental a la legalidad penal y, en la mayoría de los casos, también el de presunción de inocencia.

Hasta este miércoles, el Constitucional ha resuelto siete de los doce recursos presentados por los ex altos cargos de la Junta implicados en esta pieza y a excepción de la de el ex consejero de Empleo José Antonio Viera -rechazada por no estar suficientemente fundamentada- todas las decisiones concluyeron con pronunciamientos favorables a los recursos. La foto fija de siete votos a favor -los de los magistrados considerados progresistas- y cuatro en contra, de la minoría conservadora resultó inamovible.

La línea argumental para fundamentar estas decisiones ha sido idéntica en todos los casos. El reparto de los fondos para ayudas sociolaborales considerado arbitrario en la sentencia por la que se condenó a los ex cargos políticos se realizaba mediante transferencias de financiación que la Audiencia de Sevilla primero y el Tribunal Supremo después consideraron ilegales por incumplir las normas presupuestarias, del mismo modo que consideraron ilegales por idéntico motivo los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos aprobados en aquel momento.

El Tribunal Constitucional, en cambio, entiende que la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento no pueden ser constitutivas del delito de prevaricación. Las sentencias dictadas en estos días por el tribunal de garantías sostienen que un anteproyecto o un proyecto de ley no pueden ser sometidos a control judicial ni en ese momento, ya que son meras propuestas, ni una vez aprobados, ya que una ley no puede ser ilegal salvo que infrinja la Constitución. Con este fundamento, el Constitucional ha ido perdonado parte de la prevaricación y de la malversación condenadas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas posteriomente por el Tribunal Supremo.

En el caso de la exconsejera Martínez Aguayo -condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación- ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia relativa a la prevaricación. Por ese motivo se ha decretado su mandamiento de libertad, aunque desde junio gozaba del tercer grado penitenciario y estaba asignada a un centro de inserción social.

La Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron que la ex viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009) y consejera de Hacienda (2009-2010) participó en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias. Según esas dos sentencias, ello permitió que se sustrajera dinero público sin que la implicada lo evitara.

El TC ha concluido que se condenó a Martínez-Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuían. Ha fijado también que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito.

En el caso de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación condenado a siete años de prisión por un delito de prevaricación con malversación por haber participado en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos de 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas, se ha aplicado un criterio similar.

De acuerdo con la sentencia, la inferencia que las resoluciones impugnadas realizan, a partir de la doble condición de Vallejo de consejero de Innovación y presidente de IFA/IDEA, debió poner de manifiesto, en el curso de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, las posibles disposiciones ilícitas de fondos públicas, para que pudieran adoptarse medidas que lo evitaran. No obstante, el Constitucional señala que, aunque estas conductas pudieran ser consideradas constitutivas de un delito de malversación, como el exconsejero ha sido condenado por tal delito sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández se aplicó el mismo criterio. Se exonera parte de la malversación pero deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que en calidad de viceconsejero de Empleo realizó para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El Pleno ha anulado su condena y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que rebaje su pena de prisión.

De momento, Fernández, que cumple una condena de siete años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, sigue en la cárcel. Su abogado asegura que procede su puesta en libertad.