El pleno rechaza la reprobación al presidente de la Cámara de Cuentas que pedía el PSOE

El texto propuesto por el PSOE alude a lo que considera la alineación de los intereses de Cardenete con los del Gobierno andaluz, especialmente porque los periodos que debe auditar el organismo que preside coinciden en parte con aquellos en los que formó parte del Ejecutivo, lo que en opinión del PSOE supone conflicto de intereses, genera sospechas fundadas de connivencia política y socava la apariencia de imparcialidad e independencia que debe regir a la Cámara de Cuentas.

El Grupo Socialista considera que la decisión más alarmante de las tomadas por el presidente del organismo ha sido la paralización y posterior eliminación del expediente de fiscalización relativo a los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud durante los ejercicios 2022 y 2023, que están en el centro de una fuerte polémica política y son objeto de investigación judicial.

La iniciativa presentada por el PSOE recuerda que esa fiscalización fue aprobada en diciembre de 2023 y avanzaba con normalidad hasta que el pasado 15 de mayor, el pleno de la Cámara de Cuentas rechazó la aprobación de las directrices técnicas del informe, sin alegaciones técnicas previas de los consejeros y después de que no fuera incluida en el orden del día del pleno anterior. A renglón seguido, Cardenete optó por comunicar a la Consejería de Hacienda, entidad auditada, la suspensión de los trabajos. Según el PSOE, todo el proceso prueba que la paralización de la fiscalización no fue una decisión técnica ni accidental, sino fruto de una operación institucional de encubrimiento.

Así lo defendió en el pleno el socialista Mario Jiménez, que asegura que el PP ha llevado a Cardenete a cometer «un delito de prevaricación de libro» en lo que considera que es una trama que involucra a todo el gobierno de la Junta. Desde el PP, la diputada Jessica Trujillo acusó a los socialistas de desacreditar a una institución como la Cámara de Cuentas por pura estrategia política en el momento en el que una decisión adoptada por ese organismo no lo ha favorecido.