El nuevo Gobierno andaluz se estrena en Antequera con la supresión del impuesto de sucesiones

La casi supresión de este impuesto –en la actualidad pagan los que heredan más de un millón de euros– ha sido una promesa electoral del actual presidente de la Junta desde que se hizo cargo de su partido en Andalucía en 2014; y constituyó uno de sus anuncios estrella en la pasada campaña electoral. Tanto que se comprometió a que sería la primera medida que tomaría. El que se apruebe hoy conlleva el mensaje de que el nuevo presidente cumple sus promesas. Otro mensaje de hoy es el de que a partir de ahora los consejos de gobierno se celebrarán con alguna frecuencia fuera de Sevilla.

Lo esperado eran los nombramientos para echar «a rodar la pelota», según expresión del propio Moreno, pero no serán todos los necesarios. Pese a que el traspaso de poder tras casi 37 años de gobiernos socialistas implica la renovación de 660 cargos como máximo, PP y Cs no tienen prisa y quieren decidir con pausa los nombres que situarán al frente de las diferentes áreas y entes autonómicos. Entre otras razones porque mientras en el PP hay una cantera considerable, Cs ha admitido su dificultad de hallar personas de la confianza del partido dada su escasa implantación en la comunidad. Por ello en este primer Consejo de Gobierno solo se nombrará a los viceconsejeros de las 11 consejerías y más adelante se pasará a los terceros niveles, los de los directores y secretarios generales. Durante una semana más, al menos, habrá consejeros del PP y Cs con directores generales socialistas.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ya ha reconocido que su número dos en la macroconsejería que dirige de Turismo, Administración Local y Regeneración Democrática, será Manuel Alejandro Cardenete, profesor de Economía de la Universidad Loyola y colaborador de Ciudadanos en la elaboración de su programa económico. También se conoce que el consejero de Economía, Rogelio Velasco (Cs), tendrá como viceconsejera a Lorena García de Izarra, hasta ahora directora de los servicios jurídicos de Minas Cobre Las Cruces. El consejero de Salud, Jesús Aguirre Muñoz (PP), avanzó ayer que su número dos será una mujer «que hoy está de guardia», con lo que confirma que será médico como él.

Aguirre pidió ayer «paciencia» sobre los cambios que se avecinan. Reconoció que le ha dejado «anonadado» la dimensión de la administración sanitaria de la que se ha hecho cargo, que calificó de «mastodonte» porque tiene 105.000 trabajadores. El consejero de Salud explicó que la «espina dorsal» de su futuro equipo serán las personas del PP que en los últimos siete años trabajaron en programas electorales de la materia.

La gran espina que pretende sacarse el PP en este primer Consejo de Gobierno la constituye el decreto ley para la casi supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se trata de un tributo cedido por el Estado a las comunidades autónomas para su financiación, pero que se ha convertido en instrumento de polémica en los últimos años dado que cada autonomía modula a su conveniencia lo que hay que pagar por tributos y donaciones. De esta forma, Andalucía llegó a estar entre en las que más se pagaba, mientras en Madrid lo contrario.

El PP reivindicó su supresión paulatina en la campaña electoral de Javier Arenas de 2012, propuesta que retomó Juanma Moreno nada más hacerse con la presidencia del PP andaluz en 2014. Lo hizo además al tiempo que fue calando las críticas a este impuesto que grava el patrimonio acumulado durante sus vidas por padres para luego dejarlo a sus hijos. La plataforma Stop Sucesiones contribuyó a ello con la recogida de firmas para su eliminación.

Como paradoja sirva que este impuesto fue motivo de rivalidad entre los ahora socios de gobierno. Cs incluyó su rebaja en las condiciones para aprobar dos leyes presupuestarias del Gobierno de Susana Díaz, los de 2017 y 2018. Logró que se aprobase un decreto ley –figura legal que se utilizará hoy– en junio de 2016 que estableció una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias. Se trataba de una primera fase y meses después la Ley del Presupuesto de 2017 corrigió el error de salto por el que si se heredaba un euro más del tope bonificado se tenía que pagar por todo. La Junta aumentó también el mínimo exento de tributación a 250.000 euros.

Como la presión del PP y de la plataforma Stop Sucesiones continuó, Cs dobló la suya a los socialistas para que en el Presupuesto de 2018 el mínimo exento pasara de 250.000 al millón de euros, siempre en herencias de padres a hijos, a cónyuges y de hijos a padres. Esta bonificación entró en vigor en enero de 2018 y según el informe entregado por el ejecutivo saliente al entrante, su liquidación implicó una merma de cien millones de euros de ingresos a la Junta. El impacto del primer año fue de 58 millones de euros.