Una nueva ley sobre el patrimonio de la Junta mejorará su uso y puesta en valor

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el inicio de la tramitación del anteproyecto de esta ley que permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de la comunidad, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta.

Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento suponía un coste de seis millones de euros para las arcas autonómicas.

De hecho, desde 2019 el Ejecutivo andaluz ha sacado a la venta inmuebles y edificios en desuso que suponían un lastre económico obteniendo por su venta más de 138 millones de euros. Así, los últimos enajenados fueron las villas turísticas de Fuenteheridos y Cazalla, que llevaban años cerradas.

La nueva norma persigue adaptar y actualizar el régimen jurídico del Patrimonio de Andalucía, que se había quedado obsoleto tras cuatro décadas de la ley anterior y aún vigente, incorporando los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia de dicho patrimonio autonómico, que es uno de los más grandes del país.

Las modificaciones legales que se impulsarán quedarán contempladas en esta nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual con la incorporación de mecanismos innovadores y efectivos que garantizan su conservación y puesta en valor.

El futuro texto legal potenciará la eficacia y eficiencia en la gestión, especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, eliminando gastos superfluos e innecesarios, también en el parque móvil de la comunidad.

La nueva ley promoverá la modernización en la gestión con la implantación de herramientas digitales que permitirán simplificar determinados procedimientos. Asimismo, la norma ayudará a maximizar los recursos públicos y privados disponibles, al eliminar duplicidades y asegurar una gestión más ágil y coordinada.

Se introduce también en la ley la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual un ayuntamiento podrá instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento o uso de un bien autonómico que estén cerrado o abandonado.