No tan lejos del Capitolio

Una buena parte de la sociedad elige entrar a la información a través de las redes sociales, que pueden conducir hacia un medio de comunicación convencional que publica informaciones contrastadas o hasta quién sabe dónde. La mayoría va hacia lo que refuerza aquello en lo que cree, algo que en estos días está más valorado que el rigor. Los algoritmos no evalúan la calidad de la información, sino la afinidad con la búsqueda anterior. Si alguien ha leído un mensaje de una determinada tendencia lo más probable es que las redes le sigan llevando cada día con más ímpetu hacia el mismo lugar.

Si no se hace el esfuerzo de contrastar opiniones, lo que se tendrá son mensajes que no hacen otra cosa que confirmar las convicciones previas. Y como además los mensajes son cada vez más cortos y simples, la posibilidad de entender los problemas en toda su complejidad, con los matices y las contradicciones que forman parte de todos los aspectos de la vida, está cada día más lejana. El fenómeno es global y ya ha tenido consecuencias políticas dramáticas en muchos puntos del planeta. Quien crea que puede estirar el chicle porque está a salvo de que aquí suceda algo semejante, se equivoca.

En Estados Unidos, esta mezcla de teorías conspirativas, mensajes radicalizados y polarización de la sociedad llevó no hace mucho al asalto del Capitolio, un episodio que pareció salido de una mala película distópica pero que ya forma parte de la historia real de estos tiempos. Quien instigó ese ataque a una de las instituciones democráticas más asentadas del mundo está a las puertas de volver a entrar en la Casa Blanca.

No estaría mal preguntarnos qué tan lejos estamos de eso, porque no se puede decir que haya muchos responsables políticos trabajando para evitar la polarización de la sociedad española. Las estrategias parecen más bien ir en sentido opuesto, comenzando por la que impulsa Pedro Sánchez con la alusión constante a la derecha y la extrema derecha -como si fueran lo mismo y que en el fondo podría traducirse en 'o yo o los nazis''- en respuesta al insistente discurso que lo deslegitima como presidente del Gobierno. ¿Es que no hay nadie que haya entendido que el camino de la polarización permanente no lleva a ningún destino deseable?

Todo lo que ha sucedido desde que el Tribunal Constitucional comenzó a desmontar la sentencia de la conocida como pieza política de los ERE -que no es política sino judicial, sólo que condena delitos cometidos por responsables políticos-, no ha hecho más que reflejar, y al mismo tiempo alimentar, esa realidad del muro que amenaza con crecer hasta partir al medio a la sociedad.

El de los ERE no ha sido un proceso judicial sencillo. Los delitos que se han juzgado son de una gran complejidad, lo que quedó reflejado en unas sentencias en las que los miembros de los diferentes tribunales no acabaron de ponerse totalmente de acuerdo. Que apenas haya habido decisiones unánimes es un reflejo de esta complejidad, pero también de que el estamento judicial no ha podido sustraerse de la división ideológica fomentada desde los espacios políticos.

Por ello, no sorprende que la reacción tras las decisiones que ha ido adoptando el Constitucional pueda leerse como un simple intercambio de roles. Los que arremetían contra el estamento judicial desde que un juzgado puso un ojo sobre las actividades dudosas de la mujer del presidente del Gobierno ahora reclaman respeto a los magistrados del tribunal de garantías. Quienes consideraban una irresponsabilidad que se hablara de lawfare ahora cuestionan la legitimidad del Tribunal Constitucional. Si se cree que el tribunal de garantías está contaminado, y hay serios motivos para suponerlo, la ley establece mecanismos para cuestionarlo. Pero más allá de cómo se acabe resolviendo este caso, al que seguramente le queda aún mucho recorrido por delante, alguien debería frenar la espiral antes de que los ciudadanos empiecen a preguntarse de qué lado del muro prefieren estar, porque lo que es seguro es que por ahora una gran mayoría lo que prefiere es que no haya muro.

De momento parece más tentador seguir alimentando el algoritmo de la polarización y en esto el mayor mérito se lo está llevando el PSOE, condicionado estos días por el influjo de la emoción violenta de quien se ve ante la posibilidad de sacudirse el estigma que lo mantuvo maniatado durante más de una década.

Los socialistas creen estar a las puertas de poder cambiar el paradigma que ha condicionado la política andaluza durante todo este tiempo. Para ello, parecen decididos a autoconvencerse de que todo el caso de los ERE fue una gran confabulación jurídico-mediática y de que por culpa de ese contubernio perdieron el Gobierno de la Junta de Andalucía justo cuando mejor lo estaban haciendo. No han dicho nada acerca de atacar el Capitolio, pero ¿a dónde creen que puede conducir presentar al presidente de la Junta como el jefe de una banda que llegó al poder conspirando para meter en la cárcel a sus rivales? El cóctel de la conspiración sazonado con reflexiones sobre vidas destrozadas por la maldad de adversarios inescrupulosos, cuando lo que hay es un debate jurídico en el que los propios juristas no se ponen de acuerdo, es, digámoslo suavemente, democráticamente indigerible. Tan democráticamente indigerible como las convocatorias para manifestarse delante de sus sedes que sufrieron y siguen sufriendo.

No hay que hacer un gran esfuerzo de empatía para compadecer a quien haya pasado en prisión un minuto más de lo que merecía, pero de ahí a exigir poco menos que el bronce a ex responsables políticos a quienes sólo se les ha reducido la condena media un abismo. Sobre todo, cuando el camino que el Constitucional ha elegido para reducir condenas y anular sentencias abre un camino de inmunidad en el manejo de los fondos públicos que puede tener consecuencias imprevisibles, incluso para casos que ya han sido juzgados y en el que los condenados son del signo político opuesto. Veremos si los magistrados no se encuentran a partir de ahora con una catarata de recursos exigiendo que se les aplique la misma doctrina.

El caso de los ERE fue uno de los mayores escándalos de corrupción política que recuerda la reciente historia de este país. Posiblemente el primero, en dura competencia con la Gürtel y con algún otro, porque lamentablemente el catálogo donde elegir tiene varias páginas.

Pero no se trata de hacer un ranking, sino de dejar de destrozar las instituciones manipulándolas a discreción o deslegitimándolas cuando no hacen lo que a uno le gustaría. Nadie con un mínimo de decencia saldrá ganando de esta carrera que lleva a crear una grieta social que después será muy difícil taponar. Basta con mirar a algunos países de nuestro entorno para saber qué nos espera si no cambiamos.