La Mesa del Parlamento decide en una votación por Whatsapp impedir una actividad de Unidas Podemos sobre Doñana

Aunque la Mesa no trató este asunto en su última sesión, celebrada el pasado miércoles, la presidenta, que tenía la opción de autorizar la actividad, decidió consultarlo en un grupo de la red social en el que participan los miembros del organismo. La votación se realizó el jueves entre las seis de la tarde y las diez de la noche en esa aplicación, según ha podido comprobar este periódico, que ha intentado sin éxito conocer la versión de Bosquet sobre este asunto. En la votación, la presidenta se pronunció a favor de la cesión del salón para la jornada, aunque posteriormente el representante de Ciudadanos, el grupo al que pertenece, votó en contra.

Unidas Podemos solicitó la sala para la celebración de la jornada, pero la Mesa no adoptó ningún acuerdo porque PP, Cs y Vox condicionaban la autorización a saber quién participaría y qué temas iban a tratarse. Ante la queja del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que consideraba no pertinente ese requerimiento de información, la presidenta lo autorizó verbalmente haciendo uso de sus prerrogativas, pero posteriormente, tras realizar una consulta en el grupo de Whatsapp cambió de postura. En la conversación mantenida en esa aplicación, los representantes del PP, Ciudadanos y Vox se opusieron a que se pudiera utilizar el salón y los del PSOE se pronunciaron a favor.

Pese a este veto para el uso de la sala, el grupo parlamentario ha mantenido la convocatoria de las jornadas, que se celebrarán este lunes.

Esta situación se suma a la exclusión del orden del día del próximo pleno de una pregunta sobre el mismo tema que Unidas Podemos había registrado para ser respondida por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

La intervención se refería a la evaluación de la Consejería ara la aplicación de las conclusiones y de las medidas obligatorias de la sentencia dictada en junio de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tras la denuncia formulada por la Comisión Europea contra España por el deterioro del espacio natural de Doñana.

En esa sentencia, el alto tribunal europeo declaró debido a las extracciones ilegales de agua se incumplieron varias disposiciones comunitarias y se obliga a las administraciones públicas españolas a iniciar una serie de medidas que pongan fin a esos incumplimientos.