La Junta y su no ideología

Una de las últimas fue una alocución del parlamentario malagueño de Ciudadanos Carlos Hernández White, que defendió una proposición en favor de los trabajadores autónomos que incluía críticas a la decisión del Gobierno central de subir las bases de cotización. En su intervención, el diputado reprochó a los grupos que no se mostraban dispuestos a respaldar la proposición que fueran al Parlamento «a hacer política», objetivo que contraponía al suyo, que no era otro que «resolver los problemas de la gente».

La frase fue cortísima, pero tiene una profundidad que explica hasta qué punto ha calado una forma de ver los asuntos públicos que degrada el debate e impide el entendimiento.

Si ya resulta exótico que se reproche a un grupo que «haga política» en el Parlamento (¿qué otro lugar es el adecuado para hacer política?) lo preocupante es que se contraponga la actividad política con la resolución de los problemas de los ciudadanos, como si lo primero no tuviese como objetivo lo segundo y como si sólo hubiese una manera legítima de defender los intereses generales, ya que las demás serían inaceptables por «políticas». El trecho entre el pensamiento único, que niega la posibilidad de la legítima discrepancia, y esa forma de entender las cuestiones públicas es mucho más corto de lo que parece.

La intervención del diputado Hernández White está lejos de ser un hecho aislado en la política andaluza. Hace ya tiempo que desde el Gobierno de la Junta se proponen iniciativas de hondo calado político que se presentan como no ideológicas e inspiradas en el sentido común, como si el sentido común no fuese la más ideológica de las construcciones mentales.

Según este discurso, bajar impuestos no es ideológico y mantenerlos sí lo es; defender la concertación en la sanidad no es ideológico, pero sí lo es criticarla; reducir la burocracia es de sentido común, pero criticar la desregulación es ideológico.

Posiblemente esta manera de presentar sus iniciativas legislativas no responda más que a la debilidad parlamentaria del Gobierno, obligado a buscar aliados en una Cámara atomizada en la que imperan ideologías (y sentidos comunes) que van desde una punta hasta la otra del arco de las ideas.

Ya se hizo con la reforma fiscal. También con los presupuestos, que resultaron fallidos pese a que fueron ofrecidos como no ideológicos, y más recientemente con el decreto-ley de simplificación administrativa, presentado como «el decreto del sentido común» pero que sólo pudo salir adelante después de que el PP hiciera concesiones a Vox en otra de las normas que se debatían ese día.

Hasta último momento el Partido Popular estuvo negociando a dos bandas. Con el PSOE, que exigía que el decreto de simplificación fuese tramitado como ley, y con Vox, que estaba de acuerdo con el contenido del decreto pero que sabe para qué está en el Parlamento y no pierde ocasión de dar sus batallas.

Por ese motivo planteó una negociación conjunta en la que exigió modificaciones en la Ley de Tasas: que se incluyera el término «violencia doméstica» junto a «violencia de género» y que se eliminaran las exenciones en el pago de tasas a los menores tutelados y jóvenes extutelados por la Junta en el caso de que fueran extranjeros que hubiesen entrado al país irregularmente. El PP cedió en la primera. En la segunda, ante la falta de acuerdo, se optó por eliminar todos los beneficios previstos para los menores tutelados, fuesen o no extranjeros. Ante estas modificaciones, todo el arco de la izquierda, que había respaldado esta ley y estaba dispuesto a apoyarla, optó por votar en contra. Cuesta imaginar una negociación más ideológica.