La Junta enviará al Parlamento una nueva ley de ciencia e investigación

El anuncio fue realizado este lunes en Granada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que aseguró que la nueva ley blindará el impulso de la innovación entre la Junta de Andalucía las universidades y otros agentes de generación de conocimiento. «También creará alianzas para transformación de ese conocimiento de innovación de empresas y centros tecnológicos y 'cluster», explicó Moreno, que aseguró también que, en paralelo, se va a proseguir un trabajo de ampliación de las titulaciones en todas las universidades andaluzas, una iniciativa que no lleva 14 años sin adoptarse.

«Innovar no es ningún capricho sino una necesidad de todas las sociedades, de las sociedades que son vivas, que son dinámicas, que quieren ir a más, como es el caso de Andalucía», subrayó Moreno.

El nuevo texto legal, según explican desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, tendrá como principales objetivos promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa. Asimismo, pretende facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza.

El documento, que ya ha superado el periodo de exposición pública, ha sido consensuado con los representantes del sistema andaluz del conocimiento y con los agentes económicos y sociales. En el Gobierno andaluz entienden que en los 17 años transcurridos desde que entró en vigor la actual ley se han producido cambios sustanciales que obligan a actualizar estructuras y potenciar una mayor relación entre universidades, empresas y sociedad y una mayor transferencia del conocimiento, además de dotar de más protagonismo al sector privado en la inversión de I+D+I y de incrementar la gobernanza y la coordinación del sistema del conocimiento.

En materia de excelencia, la norma activará el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (SAIEX), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica regional mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos y homologables en el escenario internacional. Dicho sistema estará integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), las Unidades de Investigación Competitivas y las Unidades de Excelencia de Investigación y aquellos agentes del sistema del conocimiento que hayan obtenido el certificado correspondiente.

Otra de las novedades introducidas es la configuración de dos nuevas figuras. La primera hace referencia al denominado personal tecnólogo, con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación; y la segunda define al colaborador científico de la Junta de Andalucía. En este último caso, podrá serlo cualquier investigador que pueda adscribirse temporalmente a la Administración autonómica o a sus entidades dependientes o vinculadas, con funciones de planificación, soporte o financiación de la investigación, para colaborar en tareas de elaboración o gestión de los planes de I+D+I.

Para favorecer la interrelación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial, la nueva ley establecerá por primera vez las Unidades de Innovación Conjunta, en las que investigadores y empresas trabajarán juntos para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la energía o la digitalización.

En el ámbito privado, también se fomentará la innovación a través de la figura de las Unidades de I+D+I Empresarial, que permitirá al tejido productivo acceder a incentivos dirigidos a agentes del conocimiento.

La norma también facilitará la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar la sostenibilidad económica de la investigación, diversificar los recursos y fomentar una cultura de responsabilidad compartida en el desarrollo del conocimiento.

Para ello, determina un marco normativo que favorezca, por un lado, las inversiones mixtas, impulsando convenios, acuerdos y contratos que combinen fondos de ambas naturalezas para proyectos de investigación e innovación y alcanzar así niveles de financiación similares a los de las regiones más competitivas de Europa. Y, por otro, el mecenazgo científico, para lo que se podrá proponer, dentro de lo que permita la Ley de Presupuestos de la Junta, la elevación de los máximos de deducciones fiscales para los mecenas que inviertan en I+D+I o apoyen proyectos de este tipo.