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La Junta de Andalucía está dispuesta a modificar el decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía para que el Gobierno central no lo recurra al Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha informado de estar dispuesto a dialogar y hablar sobre ello con el ejecutivo nacional en su comparecencia tras la reunión telemática de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. En esta, Moreno se ha lamentado del acuerdo del Consejo de Ministros de iniciar los trámites para recurrir el decreto ley que suprime un centenar de trabas administrativas. Ha apelado a su lealtad institucional con el Gobierno durante la crisis sanitaria para entender que el anuncio del recurso, sin preaviso a la Junta, se aleja de la lealtad recíproca. «Me gustaría que la lealtad fuera recíproca», ha dicho Moreno.
El Consejo de Ministros aprobó solicitar un informe al Consejo de Estado por si el decreto invade competencias estatales en comunicación audiovisual y patrimonio histórico. El informen el paso previo para recurrir al Tribunal Constitucional y el acuerdo insta a que esté listo antes de este martes día 21, por lo que es previsible que el Consejo de Ministros de esta semana apruebe el recurso.
Moreno ha expresado en la reunión con Sánchez su «disconformidad» con el recurso porque «podría suponer un freno» a la actividad empresarial en Andalucía cuando más lo necesita tras el varapalo de la crisis sanitaria del coronavirus. Por ello, Moreno dice haber «invitado» al Gobierno a «reconsiderar» el recurso para lo que ofrece «diálogo» sobre su contenido. «Estamos abiertos a modificar aspectos sobre ese decreto», ha dicho el presidente andaluz, quien insiste en que es necesario para suprimir una «maraña» de trabas administrativas que retrasan la creación de empresas.
La posición que Moreno ha trasladado es distinta a la que este pasado jueves sostuvo el consejero de Economía, Rogelio Velasco, en una entrevista en Canal Sur TV, en la que dijo que el texto aprobado es fruto de un largo trabajo, que está convencido de que no es inconstitucional y no necesita ninguna modificación.
El decreto ley modifica 27 textos legislativos de la comunidad autónoma, entre ellos algunas normas troncales de las áreas de urbanismo, patrimonio, turismo, agricultura y medio ambiente. Si bien, la reforma que ha causado más polémica es la de la ley del Consejo Audiovisual, al suprimir el requisito de prohibir publicidad institucional en emisoras no legalizadas y autorizar la gestión privada de canales de radio y televisión públicos.
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