La Junta crea un observatorio de agresiones a los profesionales sanitarios para reforzar su protección

Este observatorio, que se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este decreto, nace como «instrumento para analizar el fenómeno de la violencia física y verbal y su evolución en los entornos sanitarios y para participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas públicas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia».

La escalada de violencia en los centros sanitarios va en aumento y en 2024 se regitraron un total de 362 agresiones físicas (19,4 % del total) y 1.504 no físicas a profesionales que trabajan en Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48 % fueron en hospitales y el 52,52 % en centros de Atención Primaria, según la última estadística.

Este observatorio permitirá la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones «orientadas a la mejora de la intervención para mitigar las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público, posibilitando que la sociedad y los grupos de interés sean partícipes en todo momento de la estrategia pública en esta materia, puedan opinar sobre ella y proporcionar una valiosa información continuamente actualizada que fortalezca la oportunidad de la toma de decisiones».

Este órgano, de carácter asesor y de participación administrativa y social, busca «erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios de una forma coordinada desde distintos ámbitos». Entre sus funciones destaca la de «sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto a las personas profesionales y a su sistema sanitario, con objeto de fomentar y consolidar la cultura de tolerancia cero ante las agresiones, en un marco de corresponsabilidad de toda la ciudadanía andaluza»; así como «concienciar a las instituciones, entidades, profesionales y ciudadanía sobre el problema real que suponen las agresiones a los profesionales, incluyendo en dicha concienciación los aspectos legales y normativos».