Con la atomizada composición del Congreso; lo efímera que demostró ser la mayoría con la que Pedro Sánchez consiguió su investidura; las posturas incompatibles entre ... sí que las organizaciones regionales de los partidos mantienen a la hora de abordar el asunto; la imposibilidad, por falta de voluntad, de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en éste o en cualquier otro tema relevante, y la voluntad demostrada por el Gobierno de satisfacer primero los reclamos catalanes y después ya veremos, sería ingenuo aspirar a que durante la presente legislatura se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica.

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El tema no ha estado nunca en la agenda del Gobierno y si ahora se habla de ello es solamente porque sin el acuerdo para una financiación singular para Cataluña en el que se consagran los principios de ordinalidad –el que más pone es el que más se lleva- y el de bilateralidad, lIlla no sería presidente y los catalanes estarían ahora yendo a las urnas nuevamente.

Ya se verá en qué queda ese acuerdo, que más allá de su difícil encaje constitucional no tiene mayoría en el Congreso para salir adelante, pero mientras tanto esta cuestión seguirá siendo el principal tema de la agenda política por la simple razón de que a las comunidades, y especialmente a Andalucía, le va el futuro en ello.

Por eso, no debe sorprender que esta semana los ayuntamientos –las olvidadas cenicientas del sistema de financiación- hayan comenzado a entrar en el debate. Lo han hecho de momento desde posturas antagónicas según su signo político, pero si hay alguna esperanza de que el tema se desatasque, habría que depositarla en las administraciones que más ponen la cara ante los ciudadanos y cuyas urgencias suelen imponerse a los cálculos políticos.

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