Cáncer y política

La otra vertiente consiste en observar la repercusión que este grave problema ha tenido en la opinión pública, cómo han reaccionado los diferentes actores e intentar prever qué puede pasar a partir de un problema que por primera vez desde 2019 ha puesto en serios apuros a Juanma Moreno hasta el punto que llevó a la primera salida -más forzada que voluntaria- de un miembro de su Gobierno.

La gran dificultad que ofrece esta situación de doble lectura es que no resulta en absoluto sencillo disociar una cuestión de la otra, y aunque no es esperable que los políticos lo hagan al menos es deseable que desde una análisis sosegado sí pueda separarse la paja del trigo y la política útil de la que no lo es.

El Gobierno de la Junta presentó este miércoles un plan de choque para afrontar esta situación, al que se suman medidas adicionales anunciadas por el presidente al día siguiente, y aunque en principio parece bien enfocado lo que resulta más urgente al día de hoy es determinar el alcance real del problema. Se sabe que hubo unas mujeres -unas 2.000, según la Junta- cuyas mamografías no arrojaron resultados concluyentes y a las que no se les informó de esa situación y, aparentemente, tampoco se les citó para una segunda prueba. Algunas de ellas, entre un 1 y un 2 por ciento, según estimaciones estadísticas, pudieron haber desarrollado la enfermedad. Estas cifras corresponden al programa de 2023, ya que el cribado se ejecuta cada dos años. No se sabe si anteriormente sucedió lo mismo, como podría indicar el hecho de que algunos de los testimonios que están saliendo a la luz son previos a ese año. Tampoco se sabe si los casos que señalan estos testimonios corresponden a los mismos problemas en el cribado.

En consecuencia, lo primer que es necesario conocer -y la Junta es la principal interesada- es el número exacto de mujeres afectadas por esta situación. Primero, para tomar cartas en el asunto y, en la medida de lo posible, repararlas. Y segundo, para evitar que esta situación se convierta en un pozo sin fondo que lleve a concluir, equivocadamente, que todos los casos de cáncer de mama pasados o futuros han sido consecuencia de una mala praxis en un programa de prevención que en realidad permite salvar miles de vidas.

Que los datos concretos aún no hayan aparecido y que esté en dificultades para que el Servicio Andaluz de Salud informe puntual y rápidamente de esta situación demuestra que el Gobierno de la Junta, casi siete años después del cambio político en Andalucía, sigue encontrándose con zonas hostiles dentro de la propia Administración autonómica, una situación que algunos dirigentes del PP reconocen sin tapujos en privado.

La segunda vertiente es la de las repercusiones políticas. Aunque cáncer y cálculo electoral no parece constituir una buena combinación, es evidente que la oposición tiene todo el derecho y la legitimidad para pedir explicaciones, lanzar críticas y plantear sus alternativas sobre esta cuestión en caso de tenerlas. Pero por la propia naturaleza del problema resulta necesario que la discusión se plantee al menos con algo de prudencia. No es lo que está sucediendo.

El jueves, durante la sesión de control, se vivió en el salón de plenos del Parlamento una situación poco usual. Se dice con razón que es difícil encontrar una familia a la que el cáncer no la haya afectado de alguna manera. Por mera estadística, en la tribuna del salón de plenos donde comparten asiento público, invitados, asesores y algunos periodistas, podía haber un puñado afectados de una u otra manera por el cáncer. Quizás por ello pudo verse a algunas personas que, cuando concluyó el debate, abandonaban el lugar enjugándose lágrimas.

El intercambio dialéctico fue de todo menos edificante y respetuoso. Desde la alusión a casos personales, como si la condición de familiar o de enfermo diera razones o se las quitara a los adversarios, hasta sembrar dudas sobre todos los programas de cribado sobre los que no se conoce ni una sola denuncia o acusaciones contra el Gobierno de estar haciendo negocio con el cáncer y provocando muertes por codicia, el debate fue pródigo en bajezas. Si esto es lo que espera hasta las elecciones del año próximo -sean estas en marzo, en mayo o en junio- el tránsito va a hacer insoportable.

La oposición al Gobierno de la Junta, tanto la situada a su izquierda como a su derecha, no disimula a la hora de reconocer que la grave situación generada en el programa de cribado de cáncer de mama les ha abierto una inesperada oportunidad, tanto por lo sensible del tema como por el momento en el que aparece, en la etapa final de una legislatura que hasta ahora había sido plácida para Juanma Moreno.

Más allá de que tanto desde la izquierda como desde Vox cada uno parece haber encontrado en este problema la confirmación de lo acertado de sus críticas a la política sanitaria del Gobierno, aunque estas vayan en sentidos diametralmente opuestos, toda la oposición cree estar ante una oportunidad electoral tan inesperada como potente. Saben que la crisis pone a Juanma Moreno en una posición difícil, han olido sangre y se han lanzado al cuello de su presa.

Producto de ello es que en la sesión parlamentaria del jueves las cartas quedaran expuestas sobre la mesa. La portavoz socialista, María Márquez, con su «váyase señor Moreno» y el de Vox, Manuel Gavira, con su «váyase a su casa porque los andaluces se lo van a agradecer», reforzado al día siguiente con una oportunista visita a Sevilla de su jefe de filas, Santiago Abascal, evidenciaron discursos, estrategias y prisas que, desde la diferencia, objetivamente convergen.

Por eso, no sorprendió que el presidente de la Junta asegurara que los partidos de la oposición han conformado una UTE -«Unión Temporal Electoral»- y que el portavoz del PP, Toni Martín, hablara de una «oposición sincronizada».

La batalla política que queda por delante será inmisericorde y si el Gobierno de la Junta no hace uso de sus resortes para tomar de una vez, aunque ya tardíamente, el control del SAS no tendrá oportunidad alguna de afrontarla con éxito.