Montero no transferirá los 537 millones a la Junta, pero relaja el déficit para compensar
El Gobierno andaluz rechaza la propuesta de Hacienda y exige el pago del IVA de diciembre de 2017 mediante un decreto ley
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, logró ayer calmar a medias la rebelión del IVA al proponer y aprobar con el voto de las ... comunidades gobernadas por socialistas y Melilla una relajación del déficit presupuestario hasta 2022 y no computar en el objetivo de 2019 los 2.500 millones de euros sin transferir, pero gastados, de la liquidación del citado impuesto de diciembre de 2017. La fórmula de Montero, abordada en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera(CPFF) tras la constitución del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, implica que Hacienda no transferirá a la Junta de Andalucía los 537 millones de euros del IVA recaudado en la comunidad autónoma, tal como ha exigido el ejecutivo de PP-Cs.
En la reunión, el consejero andaluz, Juan Bravo, fue de los más beligerantes en la defensa del pago del dinero contante y sonante y propuso otra fórmula para ello, la de facilitarse mediante un decreto ley. «Nos cambian un ingreso por una deuda», afirmó el consejero para justificar el rechazo. Bravo dijo salir «descontento y preocupado» del CPFF. Andalucía y las otras comunidades gobernadas por el PP votaron en contra de la nueva senda del déficit. Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista García-Page, aunque respaldó a la ministra, defendió también el pago del IVA, aunque fuera a plazos.
Un cambio normativo en 2017 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro envió al limbo del Estado la recaudación del IVA de diciembre de ese año, cuya liquidación se cierra en 2019. María Jesús Montero recordó en el CPFF que intentó subsanar el problema en el proyecto de ley de Presupuestos de 2019, que fue tumbado en el Congreso con los votos de PP y Cs, entre otros de la oposición. Tras la reunión de ayer insistió en que el Gobierno «no se queda el dinero del IVA, las comunidades ya lo han gastado y ese gasto, al no tener respaldo presupuestario, se ha traducido en mayor déficit y en un aumento del período medio de pago a proveedores». Hacienda calcula que el déficit medio de las comunidades es del 0,5% del PIB, cuatro décimas más del establecido para 2019.
Como medidas «paliativas» por el desequilibrio en las cuentas autonómicas, Montero anunció a los consejeros que a efectos de determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019, no se tendrá en cuenta ni computará la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir. De esta forma, si una comunidad descontado el efecto del IVA cumple con el objetivo de 2019, fijado en el 0,1% del PIB, no tendrá que elaborar los planes económicos financieros y de ajuste, siempre que también cumpla con la regla de gasto y de deuda.
Este parece ser el caso de Andalucía, a falta aún de conocer los datos definitivos. Si es así, Andalucía quedaría de nuevo adscrita al compartimento de Facilidad Financiera, lo que le permitiría tanto salir a los mercados privados a financiarse como acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez del Estado, que es lo que ha pedido. Pese a ello, la Junta tendría que aguardar a septiembre cuando sean oficiales los índices de estabilidad presupuestaria y tras haber sido forzada a salir de ese estadio de cumplidora por superar el objetivo marcado en 2018 por el anterior gobierno socialista de la Junta, del que fue consejera de Hacienda la propia Montero.
Andalucía y otras cuatro comunidades del PP votaron en contra de la nueva senda del déficit
La Junta de Andalucía podría acogerse además a un Fondo de Liquidez extraordinario con interés cero para financiar el posible desequilibrio ocasionado por el impago del IVA y evitar que los proveedores se vean perjudicados, según recoge la iniciativa de Montero.
Estas medidas se incluyen en el paquete de la nueva senda de requisitos para la estabilidad presupuestaria, que aplaza a 2022 el déficit cero previsto en principio para este 2020 por el Gobierno de Rajoy. La Junta de Andalucía de hecho aprobó el Presupuesto de este año el pasado diciembre con déficit cero. La nueva senda establece para 2020 que las comunidades puedan cerrar sus cuentas con un desajuste entre ingresos y gasto del 0,2% del PIB, lo que traducido en euros superaría en el caso andaluz los 300 millones de euros. Para 2021, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un objetivo de déficit del 0,1%, pasando a 2022 y 2023 al déficit cero. Los objetivos de deuda han quedado fijados en el 23,4% en 2020; el 22,8% en 2021; el 22,1% en 2022 y el 21,4% en 2023.
Bravo: «No puedo estar contento»
Al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, siempre que se le pregunta contesta que su relación con la ministra de Hacienda y antecesora suya en la Junta, María Jesús Montero, es cordial y amistosa. Así se vio ayer al entrar en la reunión del Ministerio de Hacienda. Montero le recibió con un saludo afectuoso y un requiebro: «¡Juan, me das mucha caña!», dijo la ministra al consejero andaluz, según testigos.
Bravo siempre pide a la ministra que se acuerde de cuando era consejera y de las reclamaciones que hacía, entre ellas una financiación autonómica acorde con la población andaluza. Tras pleitear con la ministra en la mesa de reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Bravo confesó al salir su preocupación por las propuestas de Montero. «No puedo estar contento», afirmó a los periodistas. «Nos cambian un ingreso por una deuda», dijo respecto al IVA adeudado de 2017, cuya transferencia de 537 millones de euros exige. «Queremos el IVA y la financiación que nos corresponda», añadió. «No te voy a pagar, te voy a dar un préstamo», explicó Bravo sobre la propuesta de Hacienda. «Seguiremos luchando para recuperar los 534 millones por la vía del ingreso y no por la vía de la deuda», remarcó.
Al ser preguntado por el voto en contra de la relajación del déficit para 2020 y 2021 que en teoría permite mayor gasto a la Junta de Andalucía, Bravo sembró dudas sobre si la Unión Europea está de acuerdo con ese 0,2% del PIB. El consejero andaluz no aclaró si la Junta modificará el Presupuesto de 2020 para encajar ese margen del déficit, que en cualquier caso iría para pagar deuda. El dibujado por su departamento y aprobado en diciembre se ajustaba al déficit cero según la senda prevista por Rajoy.
Los consejeros del PP coincidieron en solicitar un informe de la Abogacía del Estado que parece matizar el cumplimiento de un déficit cero en 2020, según recoge Europa Press. «Votar en contra de la Constitución sería un grave riesgo que asumiríamos las comunidades autónomas», en referencia al artículo 135.«No podemos votar sin saber qué estamos votando», dijo.
Bravo y su equipo de Hacienda analizarán las propuestas de Montero para tomar una decisión sobre ellas, según fuentes de la Junta.
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