La Fiscalía considera proporcionados los test a los trabajadores de residencias

José Luis Piedra

Jueves, 2 de septiembre 2021, 16:46 | Actualizado 23:56h.

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La Fiscalía Superior de Andalucía respaldó ayer la decisión de la Junta de realizar test de control a los trabajadores de las residencias de mayores para evitar contagios por Covid en estos centros, especialmente por los más de 600 empleados que no se han vacunado todavía pese al grave riesgo que ello supone por estar en contacto directo con esta población vulnerable a la que atiende.

La Fiscalía ha dado traslado a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de un dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud y Familias en la que se establecen estas pruebas de control al personal no vacunado de las residencias y centros de atención a grandes dependientes, al igual que al personal del servicio de ayuda a domicilio.

La Fiscalía andaluza rechaza así la demanda de la asociación Liberum contra esta orden de la Junta por considerar que limita derechos fundamentales y que la medida responde a «un juicio de proporcionalidad exigible en la lucha contra la pandemia». Además, el informe refleja que «son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, se opta por la menos invasiva como son las pruebas Covid para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable».

«Vigilancia escrupulosa»

La Fiscalía argumenta que su decisión «concilia la libertad de los empleados con la vigilancia escrupulosa de las consecuencias que depare a terceros esa libre decisión adoptada por los trabajadores, que no ha de perjudicar a terceros y menos a un colectivo especialmente vulnerable, dada la evidencia científica de la facilidad de transmisión».

También califica las medidas de ponderadas y equilibradas por derivarse de ellas más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto «ya que con las medidas se persigue la garantía de la salud pública y la salvaguarda de los derechos a la protección a la salud y a la vida que corresponden a personas vulnerables».

Este respaldo de la Fiscalía fue acogido con satisfacción por la Consejería de Salud y Familias, que dirige Jesús Aguirre, que ya recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo la resolución del TSJA de suspender cautelarmente la realización de pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores de residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Aguirre lamentó ayer que el TSJA le «va cortando las alas» a la Junta en su lucha contra la persistencia de la pandemia en las residencias, sobre todo ante la negativa a vacunarse de algunos trabajadores, lo que llevó a su departamento a impulsar la aplicación de dos PCR por semana para controlar los contagios.

Aguirre sostuvo que la decisión del TSJA de impedir los test es «quitar armas» a la Junta en su lucha por combatir al coronavirus en las residencias, aunque puso por encima de todo la necesidad de promover un cambio legislativo e impulsar una Ley de Salud Pública para que las administraciones se puedan adaptar a la pandemia y contar con herramientas para su combate, lo que reprochó al Gobierno estatal que es quien tiene la potestad.

Satisfacción

Por otra parte, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) también acogió con satisfacción la resolución de la Fiscalía Superior, según manifestó a este diario ayer su presidente, Martín Durán, que insistió en la necesidad de impulsar más medidas como la obligatoriedad de vacunarse para todos los empleados de las residencias para frenar la oleada de fallecimientos que se está registrando en estos centros durante este verano.

Martín Durán dijo que su organización ha remitido una carta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteando su petición para que todos los trabajadores de estos centros se vacunen obligatoriamente, además de exigir otras medidas como el suministro urgente de una tercera dosis de la vacuna a todos los residentes para reforzar así su protección ante la quinta ola de contagios que está afectando a estos centros.