El doble rasero del Gobierno dispara la bronca por la supresión de la gratuidad del transporte para menores

Cuando la pasada semana el ministro anunció vía redes sociales esa decisión aludiendo a un supuesto incumplimiento por parte de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, de la obligación de mencionar que los fondos para sufragar el transporte gratuito de los menores provenía de las arcas del Estado, desde la Junta se lanzó la pregunta si el Gobierno sería capaz de tomar la misma medida contra las autonomías catalana o vasca. La respuesta ha llegado por la vía de los hechos y por eso el vídeo de la hasta ahora ignota responsable de movilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha gozado de una viralización inédita en Andalucía.

En su comunicación, Azahara Domínguez, miembro del Partido Socialista de Euskadi, anuncia la medida sin mencionar en ningún momento que los fondos proceden del Gobierno y la atribuye a la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Se trata de un episodio más en la nueva colisión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras el anuncio de Puente, que deja sin transporte público gratuito a más de un millón de menores andaluces. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, reclamó este lunes la dimisión de Puente, a quien acusó de actuar con arbitrariedad. «Está tan lejos de lo que debe ser un servidor público y de la que debe ser la labor de un ministro, que todo lo que no sea su dimisión nos parecerá poco», dijo tras acusarlo de haber insultado a Rocío Díaz,

Repullo llamó la atención sobre que aún no se ha escuchado a María Jesús Montero «o a otros partidos que no son el PP, salir a defender a los andaluces ante esta situación.

Desde el PSOE, sin embargo, se ha emplazado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a trasladar «una lógica disculpa» y una «clara rectificación» tras «generar la bronca» sobre este asunto. El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas andaluces, Francisco Cuenca, dijo que ha sido Moreno quien «ha querido generar esa bronca» con el Ministerio de Transportes tras haber «traspasado todos los límites de la decencia política», que «está basada en el respeto y la lealtad, en el servicio público».