El Defensor del Pueblo investigará los últimos brotes de Covid en las residencias

La institución que dirige Jesús Maeztu ha solicitado a la Administración autonómica información sobre los criterios aplicados para la detección diagnóstica de posibles contagios víricos de personal en dichos centros residenciales, así como aquellos aspectos que ayuden a esclarecer y poner medidas para evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones. El Defensor del Pueblo andaluz se ha dirigido a las consejerías de Salud y Familias, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, interesándose por las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en estos centros, concretando cuáles han sido y cuándo se aplicaron, así como las actuaciones de coordinación entre ambos departamentos.

El Defensor del Pueblo está manteniendo también reuniones con asociaciones de mayores y entidades sociales que trabajan en estas residencias y con gestores de algunos de estos centros, así como con personal sanitario y prestadores de otros servicios de los mismos para profundizar en esta investigación.

Desde esta institución se plantea «la imperiosa necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente del mismo para su supervivencia ordinaria».

En este sentido, el Defensor sostiene que «es preciso aplicar medidas preventivas de salud más rigurosas, intensas y sostenidas en el tiempo en estos centros residenciales, tanto para las personas residentes como para el personal que presta servicio en los mismos». El departamento de Maeztu defiende «la necesidad de priorizar la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores y hay que alcanzar una economía de cuidados, con especial atención a la población de mayores».

Por su parte, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha denunciado también la crítica situación que atraviesan las residencias en esta quinta ola con cerca de medio centenar de fallecidos en julio y agosto y cerca de 600 contagios.

Desde esta organización se propone la vacunación obligatoria para todos los trabajadores, la exigencia de pasaporte Covid a los visitantes en residencias, la restricción de visitas en los municipios donde la incidencia sea elevada y proceder a la evacuación inmediata en caso de un positivo, con el cumplimiento meticuloso de las intervenciones no farmacéuticas.

«Estamos muy a tiempo de parar estos brotes, pero hay que actuar ya; de lo contrario, volveremos a revivir las situaciones dantescas que nunca debieron de sufrir las residencias de mayores andaluzas durante la pandemia», alertaron desde la Federación.