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Cualquier economía -ya sea personal, familiar o empresarial- se basa en un principio básico: la necesidad de un equilibrio entre el dinero que entra y el que sale. Ese balance se ha visto dinamitado en los últimos meses por la incesante subida de los precios (inflación), que ha puesto contra las cuerdas los presupuestos de miles de familias y empresas. En la situación actual, el equilibrio resulta tan delicado, que una medida encaminada a paliar ese aumento del coste de la vida puede volverse en contra de quien la reciba. Sucede por ejemplo con una hipotética subida salarial que provoque un cambio en el tramo de IRPF del 'beneficiado': al final, el contribuyente paga más en impuestos que el dinero que ha visto aumentado en su nómina.
La rebaja fiscal anunciada este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pretende neutralizar ese posible efecto perverso aumentando las cantidades que componen los tramos del IRPF en la cuota andaluza en la misma medida que se ha previsto el aumento salarial para este año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha calculado en su último informe una subida salarial media del 4,3% y justo ese porcentaje es el que aumentará el Gobierno andaluz en los tres primeros tramos del IRPF (aquellos que cobran menos de 35.200 euros anuales) y en las cantidades mínimas personales y familiares exentas de tributación. Es decir, si los salarios pueden subir de media un 4,3%, Andalucía aumenta en la misma proporción las cantidades de los tramos impositivos para que esa mayor remuneración (todavía menos de la mitad de un IPC situado en el 10,5%) no se traduzca en una mayor carga impositiva.
Más allá del baile de cifras y porcentajes, la iniciativa puede traducirse en un ahorro real para los contribuyentes que puede ofrecer algunos ejemplos:
1) Un matrimonio de 32 y 30 años con unos ingresos brutos anuales de 31.500 euros, que quedan en 25.000 euros de base imponible después de las reducciones aplicables. La pareja tiene dos hijos pequeños que van a clases extraescolares de inglés que cuestan 240 euros al año, viven de alquiler por una renta de 450 euros mensuales y presentan las declaraciones de manera individual. En este caso, la unidad familiar se ahorraría 1.039,44 euros en la cuota autonómica del IRPF (519,72 euros por declaración).
2) Una pareja mejor de 35 años con dos hijos menores de edad, una renta de 31.000 euros cada uno y 6.000 euros al año abonados en concepto de hipoteca pagaría casi 500 euros menos de impuestos.
3) Un pensionista soltero de 70 años con unos ingresos de 26.000 euros anuales y que vive de alquiler con una renta de 500 euros mensuales tendría un ahorro cercano a los 700 euros anuales.
4) Una persona soltera que vive con su padre o su madre de 80 años a su cargo y que presentan unos ingresos de 31.000 al año cada uno y dedican 500 euros a una ONG pagarían casi 250 euros menos.
5) Un matrimonio de más de 70 años con una pensión de 30.000 euros al año cada uno y un piso alquilado por 400 euros al mes tendrían un ahorro impositivo cercano a los 900 euros.
6) Una persona viuda de 80 años, una discapacidad reconocida del 33% y una pensión de 26.000 euros al año con una empleada doméstica contratada por 200 euros al mes se ahorraría en torno a 700 euros.
Ante la rebaja fiscal anunciada este lunes, el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, explica que la medida puede beneficiar sobre todo a los contribuyentes con las rentas más ajustadas, ya que es en esos rangos donde puede producirse con mayor probabilidad un salto en los tramos impositivos. «Esos perfiles a los que Hacienda les devuelve no mucho dinero son los más proclives al cambio de tramo. Quienes venían que les devolvían una cantidad pequeña, con el paso del tramo pueden encontrarse con que tienen que pagar y ahora con esta medida se aquilata un poco más la posible subida con la carga fiscal», añade Quijada.
Así, el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga esgrime: «Si la rebaja afectara a la parte del IRPF que aplica el Estado, se notaría mensualmente porque afectaría a las retenciones que cada empresa hace a su trabajador. Al proceder del tramo autonómico, se computa cuando se realiza la renta, con lo cual cada persona lo va a notar más en la devolución o el pago de la renta del año siguiente», aclara Quijada.
En relación con esos tramos, los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) detallan que el primer tramo de renta (al que se le aplica un 9,5%) pasaría de los 12.450 a los 12.985,35 euros anuales y el segundo (con un 12% aplicable) subirá de 20.200 a 21.68,60 euros. «Estamos a favor de esta medida, llevamos dos años de subida intensa de la inflación con lo que vemos bien que se plantee una medida de este calado, aunque sea mucho más pequeño que la inflación acumulada desde hace dos años», valoran desde Gestha, cuyos especialistas estiman que la medida tendría un impacto de unos 130 millones de euros.
Eso sí, desde Gestha reclaman una «mayor progresividad» en la iniciativa para que su efecto tenga mayor calado, sobre todo, en las personas con rentas tan bajas que ni siquiera tienen obligación de rendir cuentas con Hacienda.
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