Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios

Para destacar la relevancia de la aprobación del nuevo proyecto de ley, Moreno optó por una fórmula nada habitual a la hora de presentar una iniciativa de este tipo, un acto en el Palacio de San Telmo en el que participaron alcaldes, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y agentes sociales relacionados con el sector de la vivienda. El objetivo era mostrar que la grave crisis habitacional que atraviesa todo el país se ha afrontado en esta comunidad autónoma desde lo que Moreno y los suyos denominan la «vía andaluza», con diálogo con asociaciones, colectivos profesionales y, en este caso, también con los ayuntamientos. En la elaboración del proyecto, apuntó Moreno, el equipo de la consejera Rocío Díaz recibió aportaciones de medio centenar de entidades y también de ciudadanos a título individual.

La fórmula con la que la Junta pretende dar respuesta a la crisis de vivienda, y a lo que apunta la ley, consiste en aumentar la oferta mediante la puesta a disposición de la mayor cantidad posible de suelo y conseguir de esa manera una reducción de los precios. «No se construye la suficiente desde hace muchos años», dijo el presidente, que señaló que la situación es insostenible desde el punto de vista social y también económico. Según FADECO, el déficit en Andalucía es de 200.000 viviendas.

Por ello, Moreno destacó que el primer objetivo es poner más viviendas en el mercado para evitar que los precios sigan subiendo. Hacerlo, dijo, «es un ejercicio de responsabilidad que los ciudadanos deben exigir y que el Gobierno andaluz asume«.

Tras señalar que el intervencionismo no ha funcionado, apuntó que Andalucía está desarrollando un modelo propio en políticas públicas de vivienda, que lleva años funcionando y generando resultados y que gracias a las políticas desarrolladas desde la Junta se ha multiplicado por cuatro la promoción de VPO en los últimos 6 años, comparado con el periodo anterior: 13.000 frente a 3.200. Así, aseguró que más de 2.000 andaluces han podido acceder ya a su primera vivienda gracias al aval hipotecario de la Junta de Andalucía y que unos 250.000 andaluces se beneficiaron el año pasado del paquete fiscal para vivienda, con un ahorro de 460 millones de euros. También recordó el plan de choque incluido en el decreto para construir 20.000 VPO en los próximos cinco años.

El presidente destacó que el proyecto de ley es un texto concebido para generar más vivienda protegida en venta y alquiler en toda Andalucía y que su aprobación, que tendrá lugar en la presente legislatura, acabará con la dispersión normativa y permitirá dar respuesta «seria y efectiva» a lo que considera una de las primeras y más graves preocupaciones sociales de hoy.

Moreno consideró «terrible y doloroso» que haya quienes no pueden acceder al derecho básico de tener dónde vivir y que muchas personas hayan tenido que abandonar sus pueblos y ciudades antes la imposibilidad de acceder a una vivienda.

El presidente aseguró que Andalucía es pionera en afrontar con una ley el problema de la vivienda y que lo hace con el objetivo de «poner los medios, generar confianza y establecer las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda asequible en nuestra tierra».

Según Moreno, uno de los objetivos que se van a alcanzar es que haya más suelo para vivienda protegida y asequible y recordó que algunas de las medidas ya están en marcha desde que este año se aprobara el decreto ley para adelantar la implantación de las mismas. Entre ellas, destacó la creación de una bolsa de suelo y que se ha hecho aflorar suelos de reserva que ya estén urbanizados para su inmediata construcción.

Además, destacó, con la ley será posible el cambio de uso de suelos de oficinas y otros para hacer viviendas protegidas. También subrayó que con la ley se fomentarán los planes municipales de vivienda y el uso del suelo público, garantizando que al menos el 25% sea para edificar vivienda protegida. Para ello, explicó, será necesario el protagonismo de los ayuntamientos.

La ley también incluirá medidas en materia de calidad y rehabilitación, ya que el parque inmobiliario ya existente va envejeciendo, e impulsará la regeneración urbana, la erradicación de la infravivienda y la actuación en barrios obsoletos.

Según el presidente, la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por el Parlamento, hará que aumente la oferta de viviendas protegidas, habrá más construcción para alquiler, mayor colaboración público-privada y menor carga burocrática.

También destacó otros aspectos a su juicio relevantes incluidos en la ley en materia de usos y gestión de la vivienda, calidad y rehabilitación, regeneración de barrios y erradicación de las infraviviendas.