El TSJA cita a declarar como investigado al consejero Ramírez de Arellano

Arellano tendrá que comparecer el 10 de mayo a las diez y media de la mañana en la Sala Civil y Penal, con sede en Granada, para responder por unos hechos en los que habría participado cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

La Fiscalía Superior de Andalucía advierte posible prevaricación administrativa y falsedad en documento público en la actuación del consejero por unos contratos adjudicados en 2008 y llevados a la vía penal en 2015 por el Colegio de Arquitectos de Sevilla.

Se trata de la adjudicación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), un edificio de 25.800 metros cuadrados, presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

El TSJA, en su auto de apertura de diligencias, se refiere a «la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, del «Estudio Preliminar de instalaciones», del Proyecto de Ejecución y de la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos», todo lo cual suma 747.138 euros.

Las posibles irregularidades habrían tenido como objetivo «una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros», según el TSJA. «No puede descartarse que la adjudicación» del proyecto básico al estudio de arquitectura beneficiado «fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad, formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente», indica el auto.

Petición de cese

La decisión del TSJA llevó al vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, a declarar en Madrid que el pacto firmado entre la formación naranja y el PSOE en Andalucía para investir presidenta a la socialista Susana Díaz «estará en peligro» si «se incumple» y se mantiene al consejero de Economía andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, en su cargo a pesar de haber sido imputado. Hasta ahora sus compañeros de partido en Andalucía se habían mostrado menos tajantes en este sentido. Pero el 'número 2' de Albert Rivera dijo en los pasillos del Congreso que «si no se cumple el pacto, lógicamente el pacto y el Gobierno de Andalucía estaría en peligro», según recoge Europa Press, puntualizando que el acuerdo indica que en el Ejecutivo autonómico «no puede haber imputados» y, en caso de que lo haya, «deberá abandonar» su cargo.

Pero la presidenta de la Junta, Susana Díaz, mantuvo su negativa a «apartar» de su cargo al consejero y exrector sevillano porque la causa «no tiene que ver con la Junta ni con la corrupción».

Durante su visita a Almería, Díaz dijo que «es un tema administrativo». Se trata, declaró, de «una pelea de arquitectos con la Universidad de Sevilla por el tema de una biblioteca y eso se contesta por sí mismo».

La presidenta, que estaba acompañada por el propio Arellano en su visita al observatorio de Calar Alto, indicó que es «bueno» que cuanto antes «se aclaren estos temas administrativos» que, recalcó, «están relacionados con la universidad» y que la propia institución hispalense «también se sentirá satisfecha de que cuanto antes se pueda esclarecer el tema».

El PP-A, por su parte, mantuvo la presión, azuzado por la pérdida de la alcaldía de Granada al perder el apoyo de C's por la detención de Torres Hurtado, y su vicesecretario de Coordinación Política, Toni Martín, se dirigió al partido naranja para preguntarle si la citación a declarar en calidad de investigado al consejero de Economía es motivo para romper el apoyo que prestan al PSOE en la Junta o si todo es «postureo y teatro» por parte de Ciudadanos, y para exigir también la «inmediata destitución» del consejero.