La Universidad de Sevilla niega un informe sobre el que se asienta la investigación a Arellano

La secretaría general de la Universidad de Sevilla (US) ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un escrito de su Gabinete Jurídico en el que niega haber emitido un informe al que hace referencia el escrito del fiscal en el que pide que se investigue a Antonio Ramírez de Arellano, actual consejero de Economía y Conocimiento.

El escrito de la fiscalía basa su petición de que el entonces vicerrector de Infraestructuras de la hispalense sea investigado, a denuncia penal del Colegio de Arquitectos de Sevilla, en un informe del Gabinete Jurídico de la US que habría indicado a Arellano la «obligatoriedad» de la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución y su atribución a un determinado grupo de arquitectos. El concurso, según la denuncia, habría incluido la adjudicación directa de otro contrato de servicios para redactar el proyecto de ejecución del edificio Centrius, un centro en la isla de la Cartuja.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008 y la denuncia fue interpuesta por el Colegio de Arquitectos en marzo de 2015. La Fiscalía ha pedido al TSJA que inicie diligencias previas contra el actual consejero por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El Gabinete Jurídico de la US indica a la Fiscalía Superior que «desconocemos a qué informe se puede estar refiriendo» en el decreto por el que remite las diligencias de investigación penal. Es más, añade, «examinando el registro de asuntos existentes en este gabinete no tenemos constancia de que se nos haya solicitado y en consecuencia pudiera haberse elaborado informe al respecto».

El Gabinete Jurídico ha revisado además los expedientes remitidos a los Juzgados de lo Contencioso, donde se entablan diversos procedimientos por el Colegio Oficial de Arquitectos sevillano, «tampoco encontramos constancia de la existencia de informe alguno» en el sentido en que señala el decreto del fiscal. Matiza que «al no indicarse en el citado decreto fecha, referencia o numeración alguna para identificarlo», «sin perjuicio de que no tengamos constancia de su elaboración y no lo encontremos, se nos hacen imposible facilitar la información requerida».

Pese a ello, el letrado del gabinete jurídico de la US, Francisco Manuel Barrero, en su escrito de fecha 1 de abril, ofrece toda la colaboración de la institución al órgano judicial para «aclarar o facilitar la información y documentación oportuna».

La universidad hispalense analiza al detalle el decreto del fiscal Jesús García Calderón y su rector, Miguel Ángel Castro, ha anunciado su disposición a aclarar todos los extremos y el consejero ha insistido en que el asunto debe dirimirse «en el ámbito de la US».