«Alaya ha sido rigurosamente respetada y nunca ha comunicado haber recibido presiones»
Lorenzo del Río. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
Lalia González
Domingo, 22 de noviembre 2015, 00:32
Prototipo de juez paciente e inalterable, Lorenzo del Río está a punto de iniciar un segundo mandato al frente del TSJA, tras cinco años de ... una gestión compleja que ha tenido su punto álgido en el reparto del trabajo del juzgado de los ERE y de Alaya, por entendernos. Le ha tocado un tiempo convulso, en una Judicatura sobrepasada por los acontecimientos y con una sociedad que reclama a gritos poder tener confianza en sus jueces. Cree que hay motivos para ello, aunque es preciso acometer reformas para mejorar el servicio que presta a los ciudadanos.
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-Parece que su renovación está clara, porque el plazo ha vencido sin candidatos, aunque haya que esperar aún.
Hay que dar tiempo a que termine ese plazo posible de otras candidaturas y a que el propio CGPJ convoque y sea proclive a la renovación. Eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Se le reconoce como mérito haber molestado por igual al PP y al PSOE ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo nunca hago las cosas para molestar a nadie
Digamos que no ha contentado a unos ni a otros
Los jueces debemos tener un punto de equilibrio, porque es fundamental, de absoluta cortesía institucional pero al mismo tiempo neutralidad exquisita. He intentado transmitirlo como juez y como representante del Poder Judicial. Legalidad, neutralidad y al tiempo acercamiento institucional, todo es posible.
La independencia judicial es tema de preocupación social y más ahora. ¿Existe o es una utopía?
La independencia existe. Hay una independencia personal y funcional del juez en el día a día de sus resoluciones y yo creo que esa depende de cada juez, y es absoluta. Pero también es cierto que existe una independencia orgánica como ejercicio del órgano jurisdiccional y si no tienes los medios necesarios, personales o materiales, no la puedes plasmar con la agilidad y calidad que demandan los ciudadanos, que son los destinatarios. Pero la independencia es un valor y hay que luchar por ella e intentar que nunca esté en entredicho.
Hay jueces que dan el salto a la política, en estos días vemos nombres sonados. ¿Qué le parece?
Es respetable. Conozco a varios de ellos. Es un debate abierto, tenemos que ver cómo queda en la legislación, en especial por la posibilidad de reingreso inmediato que ahora se contempla.
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Todos los partidos presentan en esta precampaña su modelo de Justicia y coinciden en que hay una gran reforma aún por hacer. Entre las propuestas destaca la que hace Ciudadanos para suprimir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Está de acuerdo?
Creo que hay que reformarlo pero no suprimirlo. En Italia, Portugal, Francia, Alemania hay Consejo del Poder Judicial y no están en entredicho, mientras aquí lo cuestionamos permanentemente. Hay que buscar una fórmula para lograr equilibrio, sin ese constante riesgo de posible politización, que yo creo que luego a la hora de la verdad no funciona así. Romper con esa imagen de que es algo unido a los partidos políticos. Puede hacerse una reforma, reducirse su número para que sus miembros formen parte de una permanente completa, pero suprimir el Consejo sería una vuelta atrás. Fue algo importante en la Constitución.
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¿Cómo ve la dependencia del nombramiento fiscal general del Gobierno?
Se ha ido avanzando. Aunque ahora dependa del Gobierno no puede ser removido durante el plazo del mandato, se han producido reflexiones posteriores. Puede avanzarse en esa mayor independencia del ministerio fiscal, es cierto.
El punto crítico de su mandato ha sido el Juzgado número 6 ¿Le ha dado Alaya muchos quebraderos de cabeza?
Yo no quiero personalizar. Más que quebraderos, me ha dado preocupaciones, como a muchas personas, porque ha sido un juzgado que ha ingresado unos asuntos muy delicados, que afectan a personas de la vida política, cargos funcionariales, con una complejidad enorme. Me ha preocupado mucho que la calidad, eficacia y horizonte temporal se pudiera cumplir en ese juzgado.
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La magistrada ha afirmado que ha recibido presiones, incluso desde dentro. ¿Qué presiones?
Yo he hablado con Mercedes Alaya muchas veces, para darle todo el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y de su sala de gobierno. Hemos visto y escuchado ciertas críticas y declaraciones que creo que no son las más correctas con respecto a quienes ejercen la función judicial, incluso hemos visto concentraciones a las puertas de los juzgados. Creo que ese tipo de presiones no son buenas en un estado democrático y así lo hemos dicho. La sala de gobierno ha redactado notas de prensa en ese sentido. Ahora, también es verdad que no creo que desde el punto de vista jurisdiccional en ningún momento se le haya presionado en ningún caso para que tome decisiones, en ningún caso. Ella ha sido rigurosamente respetada y a mí no me ha llegado ninguna queja suya de ese tipo de presiones, ni tampoco ella ha elevado al Consejo ningún escrito diciendo que se sentía atacada en su independencia. Hubiéramos salido al paso. Institucionalmente y personalmente ella ha tenido el apoyo y el respeto del TSJA y de su presidente mientras ha estado como titular en ese juzgado.
Luego redactó un escrito que elevó a CGPJ, saltándose al TSJA, en el que incurría en descalificaciones hacia la nueva titular incluso acusaciones de amiguismo. ¿Ve posible adoptar algún tipo de medida disciplinaria sobre Alaya?
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No me corresponde hacer esa valoración porque eso es específico y nuclear del promotor de la acción disciplinaria.
¿Cómo influyó ese escrito en la decisión de finalmente apartar a Alaya de la instrucción de las macrocausas que quería conservar, en especial del caso de los ERE?
Fue un escrito que supuso un antes y un después en ese proceso que estábamos haciendo de normalización del juzgado, una vez que voluntariamente había pedido su traslado a la Audiencia. Lo deseable hubiera sido contar con la colaboración y la ayuda de Mercedes Alaya. Pero una vez concedido el concurso voluntario ya tenía que asumirse bajo una cobertura distinta, una comisión de servicio que por esencia significa colaborar y se demostró que eso era inviable, porque esa petición era exclusiva y excluyente para unos procedimientos concretos y con unos funcionarios designados y sin colaboración alguna con el titular. Eso traía problemas enormes jurisdiccionales de posible nulidad que a la sala de gobierno le preocupó enormemente y que ha desembocado en ese acuerdo. Inicialmente hubiera sido lo deseable una comisión de servicio en plena colaboración que hubiera aportado sus conocimientos y su trabajo
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¿Alguna parte ha instado alguna acción disciplinaria? ¿la jueza afectada?
No en absoluto, no hay nada de eso.
En fin, la nueva jueza con el juez de apoyo se quedan con todo el trabajo del juzgado. Núñez Bolaños ha decidido un reparto de la causa de los ERE en atención a las reclamaciones de los fiscales, del Supremo y del propio TSJA ¿qué curso le ve ahora a esta instrucción?
Ahora lo más importante es entrar en un horizonte temporal con ese procedimiento. La apertura de distintas piezas persigue un enjuiciamiento más cercado en el tiempo de alguna de ells, porque están ya bastante instruidas. Estamos pendientes de la propuesta distribución de trabajo, que espero que a corto plazo llegue al tribunal, para que la juez titular y el juez de refuerzo hagan una distribución de cometidos, con los añadidos que vaya necesitando. El TSJA y la sala de gobierno hemos dado todo el apoyo a la nueva titular y al juez en comisión de servicio. Lo que todos queremos, lo que la ciudadanía pide, es agilizar los procedimientos de esos juzgados.
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Entonces, ¿es posible que el procedimiento específico, la causa contra Chaves, Griñán y demás exconsejeros y altos cargos se vea en 2016?
Sería deseable que cuanto antes estemos en la depuración de posibles responsabilidades, en un juicio público. Lo que importa es mandar a la sociedad un mensaje de esperanza, que además se nos pide en situaciones como esta reciente de los atentados de París, de confianza en la Justicia. La Justicia funciona, los jueces son independientes. Hay ejemplos en Baleares, en Madrid, en Andalucía, en Valencia.
Jueces estrella
¿Contará en sus memorias cómo fue la noche del acuerdo definitivo para el reparto del trabajo del Juzgado nº6, para la salida de Alaya?
Eso es fruto de muchos días, muchas conversaciones, mucha reflexión sobre qué es lo mejor para el servicio, olvidándonos de personas, sobre cómo evitar estar permanentemente en una tensión dialéctica.
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Olvidando las personas, pero ¿no cree que hay mucha tendencia a jueces estrellas?
Puede haberlo. Pero no me gusta personalizar en la justicia, ni en mí tampoco. Yo soy el representante en Andalucía, pero hay 955 jueces, que son muy buenos servidores que trabajan con honestidad, con independencia y no me gusta que se focalice sobre una persona porque hay muchos que hacen un trabajo enorme y en causas muy complicadas.
Su continuidad como presidente del TSJA causó runrún en medios judiciales, blogs, confidenciales, etc. ante la posible presentación de otros candidatos, ¿solo fueron chismes?
No lo sé, yo tampoco he querido indagar. Algo me ha llegado de que a algunas personas se les preguntó si tenían interés. Eso lo veo legítimo, nada extraño.
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Existía la impresión de que todo aflojaría un poco cuando se decidiera qué iba a pasar con el número 6.
No creo que tampoco sea la única cuestión, que cuando llevamos cinco años resolviendo un montón de situaciones dependa de cómo se resuelva un tema. La reflexión sobre un segundo mandato o una persona distinta debe ser sobre el conjunto de una gestión, no solo un caso. Pero eso no deja de ser una opinión personal.
En casos como los cursos de formación, Madeja, Aznalcóllar, se han llevado a cabo detenciones por la UDEF y la UCO, por mandato judicial, muy llamativas, con detenciones de cargos públicos, de funcionarios o exfuncionarios que fueron llevados a calabozos, sacados de sus casas ante sus hijosIncluso hay denuncias contra policías por estas prácticas y protestas de asociaciones profesionales, en concreto por la investigación luego archivada de Aznalcóllar. ¿Por qué pasa eso? ¿Es regular?
Hay una premisa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece cómo debe hacerse la detención, en qué supuestos, con la proporcionalidad y en la forma que menos afecte a la dignidad. Hay elementos de juicio que cada juez debe valorar y la policía también debe hacerlo, en atención a las circunstancias personales. Hay que ver si la persona es peligrosa o no, si va a huir, si hay peligro de ocultación, y en base a esos parámetros se debe ver la forma en que se puede detener o en su caso citar en el juzgado. No quiero hablar de casos concretos, sino de referencias generales que están ahí, en la ley, y todos los jueces y policías tenemos que tener en cuenta en cada momento
¿Hay una tendencia a la espectacularización de los procedimientos de instrucción?
Pero eso está pasando ya con todo, vivimos en la era de la imagen, de la espectacularidad. Eso se transmite al ámbito judicial, efectivamente.
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¿Es evitable la pena de telediario?
Es un asunto en que debemos tener mucho cuidado. Si nos fijamos en otras legislaciones vemos que procesos muy mediáticos no se transmiten permanentemente, incluso durante el juicio, por ejemplo el del antiguo director del Fondo Monetario, donde no se han visto las imágenes. Hay que ser muy cuidadosos. Lo importante es el juicio. Si antes de él estamos con imágenes de las personas, interpretaciones o prejuicios, va calando una opinión sobre ese tema o sobre las personas
¿Servirá de algo decir investigado en vez de imputado?
Va a depender del periodismo que hagamos. Es cierto que muchas veces las palabras no cambian el fondo. El tratamiento periodístico es la clave. Debemos intentar distinguir la instrucción del juicio, que es lo más importante; tener en cuenta la presunción de inocencia y evitar los juicios precipitados y paralelos. No sacralizar la instrucción, sino esperar el juicio y la sentencia. Tenemos que ir mandando ese mensaje.
La norma que obliga a acortar instrucción y fijarla entre 6 a 18 meses ¿es realista?, ¿perjudicará a los procesos?
Va a ser difícil de aplicar, sobre todo en casos de corrupción o de gran complejidad. Hay que distinguir lo que es plano general o teórico. Creo que es bueno que seamos conscientes que es necesario agilizar los procedimientos penales, que el plazo razonable forma parte de un derecho que tienen los ciudadanos y que ese horizonte temporal es bueno para todos, incluidos los propios jueces. Hay que establecer un parámetro de normalidad, de rendimiento óptimo de la Justicia y hay que acercarse a él. Pero no se logra solo con la fijación de plazos, sino con medios personales y materiales. Solo con que el legislador lo diga no se va a conseguir
Usted no ha cesado de reclamar medios, incluso en su última Memoria habla de «legislatura perdida», en qué sentido?
Comprendo que es un contexto delicado, de crisis económica, que se ha notado n todas las administraciones. Pero también se pueden gestionar mejor los recursos y hay algunos que a lo mejor con coste económico muy corto, incluso cero, se podían disponer mejor. Cinco años llevamos hablando de la oficina judicial, de una redistribución del trabajo nueva, de formas colegiadas y no se ha hecho, de modernización tecnológica, que ahora parece que se quiere empezar. Es como una reflexión de cinco años, la radiografía de la judicatura. Está muy clara la necesidad de modernización tecnológica, organizativa y pasa demasiado tiempo y vemos que no se avanza significativamente
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Toca a la puerta de un compañero, el consejero de Justicia, un antiguo fiscal ¿No le atiende la Junta?
No es que no atienda. Me transmiten que tienen muchas dificultades para algunas peticiones. Yo les insisto en que invertir en Justicia es fundamental, que gana en calidad el ciudadano, que ganamos todos, y que hay que hacer un esfuerzo en aumentar la inversión y en cambiar la gestión de los recursos personales y materiales.
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