El TSJA deja fuera a Mercedes Alaya del caso de los ERE

Según una nota informativa del TSJA, la sala de gobierno entiende "conveniente" el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el juzgado, consistente en que Alaya quedara al mando del sumario de los ERE y del delito societario de Mercasevilla, este a punto de acabar. Los magistrados de la sala añaden un pero que hace variar la primera decisión "por las especiales circunstancias que concurren, determinadas por viciditudes posteriores al primitivo acuerdo de 23 de junio".

El escrito no aclara cuáles han sido estas viciditudes, pero recordemos que la jueza Núñez dividió la causa de los ERE en tres partes en contra del criterio de Alaya cuando asumió la titularidad del juzgado con su marcha; que Alaya arremetió contra Núñez con duras reflexiones en un escrito al Poder Judicial, tildándola de incompetente para la instrucción de los ERE y cursos de formación porque provenía de un juzgado de familia, y le atribuyó falta de imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, aludiendo a una información en un periódico. Y por último hay otro escrito de la jueza Núñez en el que manifiesta al TSJA su opinión contraria a compartir trabajo con Alaya.

El alto tribunal ha optado por una decisión salomónica ante la dificultad de entendimiento de las dos magistradas. Propone que el juez Álvaro Martín, que fue refuerzo de Alaya para el trabajo ordinario del juzgado y luego ha seguido con Núñez, quede "integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación de tres macrocausas (ERE, cursos y avales y préstamos concedidos por IDEA), todo ello "sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

Duro varapalo

Mercedes Alaya sufre con esta decisión un varapalo en su carrera. La magistrada fue la que inició la instrucción del caso que ha colocado contra las cuerdas a los gobiernos socialistas de una década. Una investigación tildada a veces de polémica que ha llevado a imputar a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a ocho exconsejeros de sus gobiernos y a otra treintena de altos cargos por las ayudas concedidas para empresas en crisis y sus trabajadores. Un total de 850 millones de euros concedidos desde 2001 a 2012 que, según Alaya, se hizo sin procedimiento legal con el objetivo de salvar su concesión arbitraria. La causa se encuentra en un momento crucial, ya que los expresidentes y siete exconsejeros han dejado de estar aforados y por tanto el Tribunal Supremo y el TSJA han remitido los procedimientos contra ellos al juzgado de Sevilla.