Catalá sobre los ERE: «Me sorprende que se pueda alegar desconocimiento»

Preguntado sobre la comparecencia de Chaves y Griñán ante el instructor del caso de los ERE en el Supremo, Catalá aseguró que, por lo que ha conocido por los medios de comunicación, «lo que parece que han reconocido, porque la instrucción así lo pone bien claro de manifiesto, es que ha habido numerosísimas irregularidades en la gestión de fondos públicos». «Es muy preocupante que haya habido ese mal uso de fondos públicos destinados, además, a políticas de empleo, de formación, a políticas que intentan ayudar a la gente, y que haya habido mal uso de esos fondos es gravísimo», señaló el titular de Justicia. Tras estas comparecencias, según Catalá, lo que le queda por definir al Supremo es «cuál es la responsabilidad de quien ocupa puestos de gobierno en relación con una estructura administrativa».

«Llevo 30 años trabajando en la administración pública y conozco bien cómo funcionan, qué nivel de información tienen los superiores respecto de los inferiores, pero sobre todo cuando hay informes de los órganos de control -la intervención-», manifestó. Sobre este asunto, concluyó: «Conociendo como conozco la práctica en el funcionamiento de las administraciones públicas me sorprende que se pueda alegar desconocimiento de unas prácticas tan irregulares, tan graves como las que se están investigando».

Por otra parte, Catalá respondió también a las denuncias de privatización del Registro Civil por parte de sindicatos y partidos, al destacar que si eso fuera cierto sería el primero en sumarse a una manifestación en su contra: «Soy el primero que firmo contra esa privatización». El titular de Justicia se comprometió a «garantizar por escrito en la ley» no solo el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, sino también la gratuidad de los registros, que serán financiados por los propios registradores a través de futuros aranceles procedentes de otros ámbitos. El titular de Justicia negó que el Estado vaya a compensar económicamente a los registradores, ya que los funcionarios públicos están «muy acostumbrados a que se añadan funciones a su puesto de trabajo y no por eso llevan incrementos de salario».

Indicó también que en el caso de malos tratos del que ha sido acusado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar lo deseable es que se aclare cuanto antes, aunque si es responsable de un delito deberá recaer sobre él «todo el peso de la ley», sentenció.