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MÁLAGA

El proyecto del puerto deportivo de San Andrés se enfrenta a dos años de parálisis

La decisión de la Autoridad Portuaria de rescatar la concesión abre la puerta a un complejo proceso administrativo que bloqueará cualquier acción a corto y medio plazo

FRANCISCO JIMÉNEZ

Miércoles, 18 de septiembre 2013, 10:41

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La decisión de la Autoridad Portuaria de iniciar el rescate de la concesión del futuro puerto deportivo de San Andrés abre la puerta a un largo y complejo procedimiento administrativo que amenaza con enterrar definitivamente un proyecto que ya está tocado y hundido a corto plazo y que a medio plazo tampoco tiene visos de salir a flote. Una vez que se ponga en marcha el expediente para resolver el contrato con el consorcio formado por Marinas del Mediterráneo y GEA 21, la tramitación pasa a una escala superior que se escapa a la propia Autoridad Portuaria pese a que la potestad de quitar la concesión compete a la institución malagueña. Dicho de otro modo, toda medida que se adopte debe contar con el visto bueno de Puertos del Estado y con los pertinentes informes jurídicos que de la Abogacía del Estado.

En el mejor de los casos «y siendo muy optimistas», fuentes del Puerto estiman que el proceso se podría alargar al menos dos años, un tiempo en el que el proyecto quedaría totalmente aparcado puesto que hasta que no se formalice la resolución del contrato no se podría volver a sacar a concurso. Un enredo burocrático que se complicaría aún más si la sociedad adjudicataria recurre el rescate tanto administrativa como, sobre todo, judicialmente, ya que el litigio podría llegar hasta el Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo.

El ejemplo del jeque

Ante esta tesitura, el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, tendió ayer la mano a la concesionaria poniendo como ejemplo lo ocurrido en Marbella, donde la Junta anuló el rescate de la ampliación de la marina deportiva de La Bajadilla una vez que el jeque Al-Thani se puso al día en los pagos. «Si presentan el aval en un tiempo razonable, nos podríamos plantear la posibilidad de anular el procedimiento», afirmó el dirigente del Puerto. No concretó cuál sería ese plazo, pero sí que remarcó que «no se puede perder más tiempo de manera innecesaria».

Cara al futuro, ya sea de la mano de la actual concesionaria o de otro grupo inversor, Plata se mostró convencido de que el proyecto saldrá adelante en cuanto la economía mejore. «Estamos hablando de un espacio lleno de oportunidades por su excelente ubicación a pocos metros de la estación María Zambrano, que le permitiría ser el puerto deportivo de Madrid», apuntó. Sobre el posible interés de otras empresas en construir y explotar la dársena de 626 puntos de atraque presupuestada en 24,2 millones de euros, el responsable del Puerto no quiso «dar pábulo a comentarios», pero sí que insistió en que el «el proyecto es muy atractivo y una magnífica oportunidad», por lo que apostó por «presentarlo lo más bonito posible» para atraer nuevos inversores.

Impago del canon

Este periódico se puso ayer en contacto con responsables de la concesionaria, aunque optaron por esperar a que el inicio del rescate les sea notificado oficialmente antes de hacer valoraciones al respecto. Como publicó ayer este periódico, la Autoridad Portuaria ha dado este paso después de que el lunes expirara la prórroga de dos meses para que la adjudicataria restituyera el aval de 1,2 millones de euros estipulado como fianza, después de que el Puerto se cobrara 950.000 euros de ese fondo como pago del canon de los dos primeros años de concesión (la explotación es por 35 años) que no habían sido abonados.

Unos impagos que son consecuencia de las dificultades que la sociedad se ha encontrado para lograr financiación, agravadas por la situación económica del grupo GEA 21, integrada por once constructoras andaluzas (entre ellas la malagueña Vera) y que solicitó un preconcurso de acreedores para refinanciar su deuda. De momento, tampoco se ha concretado la incorporación de un grupo inversor nacional que, según la concesionaria, estaría dispuesto a asumir casi la mitad del coste (unos diez millones de euros) a cambio de quedarse con el 60% del accionariado.

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