El Gobierno quiere aprobar de tapadillo una ley para limitar el alquiler vacacional por particulares

El Gobierno aprueba de tapadillo una ley que limita el alquiler de apartamentos vacacionales por particulares y que deja a estos propietarios en manos de la regulación sectorial de turismo de cada comunidad autónoma, con las exigencias y restricciones que cada una de ellas establezca. En el caso de Andalucía no se cuenta con esta legislación específica, que aún está en fase de desarrollo, por lo que tendrán que esperar hasta final de año para saber los requisitos a los que cada particular tendrá que hacer frente para seguir obteniendo una rentabilidad por sus inmuebles.

Mientras tanto, el Senado ya ha dado su aprobación al nuevo proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que ahora pasará al Congreso. Las modificaciones introducidas, en las que queda patente la huella de la presión del lobby hotelero, para el que la regulación de los alquileres vacacionales ha sido una reivindicación histórica que hasta ahora había caído en saco roto, no deja indiferente a nadie. Sin embargo, el texto levanta ampollas entre los particulares, más indefensos que el resto de sectores implicados por la ausencia de una sólida estructura organizativa, y empresas de alquiler de este tipo de viviendas, que consideran que la ley recorta claramente el derecho de los propietarios a alquilar su vivienda de forma temporal.

Se calcula que son unos 120.000 inmuebles los que se verán afectados por esta ley en España, de los que 13.000 están registrados en Andalucía como vivienda de uso turístico, si bien el sector de alquiler vacacional señala que esta cifra puede elevarse entre un 100 y un 150% con las unidades que no están inscritas pero que funcionan al amparo de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).