López Caballero: "El Estado de Derecho ha estado siempre presente en el caso Malaya"

El fiscal ha asegurado que todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, la mayoría sobre vulneración de derechos fundamentales, "han tenido cabal respuesta" por parte del juez instructor y de la propia Audiencia Provincial a lo largo del procedimiento. Así, López Caballero ha recordado los autos dictados por el tribunal, que han convalidado las decisiones adoptadas por el juez Miguel Ángel Torres y que "esto se obvia ahora y se lanza una catarata de descalificaciones".

En ese sentido, se ha referido en su intervención a las "insinuaciones de manipulación" manifestadas por algunos acusados, de la documentación intervenida en el registro de la empresa Maras Asesores al considerar que se rompió la cadena de custodia de los documentos, insinuaciones que el fiscal ha calificado de "muy graves porque se dirigen hacia la policía judicial y el juez". A ese respecto, ha asegurado que la cadena de custodia se ha garantizado, porque siempre ha estado bajo el amparo del juez instructor y, dirigiéndose al tribunal, ha recalcado que no hay prueba alguna de que se haya roto y manipulado.

"Frente a las críticas, hay que reivindicar la instrucción, que ha sido vilipendiada, porque ha sido correcta, y la labor de la policía judicial, que ha actuado en el marco del Estado de Derecho. Todas las críticas deben ser rechazadas y las cuestiones previas deben ser desestimadas", ha dicho López Caballero.

En la sesión de hoy también ha intervenido la defensa de un directivo de la empresa Portillo, acusado de cohecho, quien ha asegurado que su cliente fue una víctima del Ayuntamiento de Marbella, ya que sufrió "coacciones" en relación a la adjudicación del servicio de la estación de autobuses en esta localidad. Según la letrada Fátima Cortés, la empresa fue objeto de "presiones" que se llegaron a sustanciar con el precinto del tanque de combustible de la estación por parte del Consistorio marbellí.

Por su parte, el abogado del ex concejal del GIL Emilio Jorrín ha echado mano de un juicio contra la mafia en Estados Unidos en 1931, en el que resultaron absueltos los miembros de una conocida familia mafiosa para pedir al tribunal "valentía" para declarar la nulidad del proceso. Porque aquí se ha tambaleado los derechos constitucionales. En aquel caso el sistema judicial salió fortalecido, ha afirmado el letrado Javier Muriel.