El sistema no puede con la casa de aperos

El boom inmobiliario y los altos precios de los inmuebles en el litoral andaluz han provocado un desplazamiento en los últimos años de la presión urbanística a los pueblos del interior de Andalucía, que han experimentado un incremento de la demanda de viviendas construidas en suelo rústico, la gran mayoría de ellas sin licencia o con licencias ilegales y que han sido adquiridas a precios muy inferiores a los de la costa.

La ley de ordenación urbanística de Andalucía, (LOUA) por razones de sostenibilidad, es muy restrictiva en cuanto a la construcción de vivienda residencial en suelo rústico, limitando su autorización tan sólo cuando se justifique su necesidad para fines agrícolas, forestales o ganaderos. En la práctica se traduce que tan sólo en muy pocos casos puede justificarse dichas finalidades para poder ser autorizadas. ¿Cómo es entonces posible que con tales restricciones cada vez van apareciendo más y más viviendas que pueblan el suelo rústico?

Cuando existe la restricción siempre y de forma paralela nace un mercado negro, en este caso, lleno de artificios como son, la restauración de viviendas inexistentes, o la construcción de casetas de aperos, en las que el ayuntamiento concede la licencia para lo que al final se convierte en una vivienda en toda regla. ¿Qué hacen los ayuntamientos ante la proliferación de viviendas ilegales en suelo rústico?

Realmente poco y varias son las razones. En primer lugar, la mayoría de los ayuntamientos del interior no tienen suficientes medios humanos en sus departamentos de disciplina urbanística para frenar las construcciones o uso ilegal de éstas. Suelen tener una pequeña población donde todo el mundo se conoce y es difícil que el Alcalde vaya a tomar decisiones que le lleven a enemistades reales con sus vecinos. Además, los vecinos afectados por la restricción o freno a la construcción que contraviene la LOUA y sus familias se convierten potencialmente en votos perdidos en unas futuras elecciones. Finalmente, los ayuntamientos del interior no se salvan en muchos casos del fenómeno generalizado en materia urbanística en España de la corrupción.

En este escenario hacen negocios muchos promotores sin escrúpulos que compran terrenos rústicos, llevan a cabo parcelaciones ilegales y finalmente construyen auténticas casas bajo artificios conocidos por todos y, especialmente, por los que están obligados a velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística. Muchas de estas casas son posteriormente vendidas principalmente a ciudadanos extranjeros, atraídos, entre otras razones, por precios más razonables que en el litoral, quienes posteriormente a la compra, reciben la notificación de inicio de expediente de protección de la legalidad urbanística, en el que cuelga la espada de Damocles de la demolición. En ocasiones si la vivienda se ha construido sin licencia o sobre suelo especialmente protegido, el comprador, el propio constructor y el arquitecto y demás técnicos son procesados por delito contra la ordenación del territorio con la amenaza de prisión de entre seis meses y tres años de prisión.

Es evidente que todo el sistema ha fallado y la tardía reacción de las administraciones públicas en el inicio de las medidas de protección de la legalidad urbanística es inaceptable y da lugar a daños y perjuicios irreparables. Y esto es así tanto si de forma extemporánea se produce la demolición de la construcción que nunca debió ser autorizada o bien se consolida por el transcurso del tiempo y no se demuele la que nunca debió construirse.

Como solución, sería deseable que ayuntamientos de poca población y escasos medios, no tuviesen competencias en materia de concesión de licencias e inspección urbanísticas para evitar conflicto con sus propios vecinos y dejar éstas en manos de la Junta de Andalucía. Finalmente, es necesario contar con un amplio consenso, teniendo en cuenta a todos y a todas las circunstancias, para constatar si la restricción de construcción en suelo rústico prevista en la LOUA, está en consonancia con la realidad representada por el deseo de muchos ciudadanos de disfrutar de una casa en el campo y de los ayuntamientos que las acojan de recibir los beneficios que reporte dicha realidad. Esto último se tendrá que afrontar en casos que actualmente están en el candelero, como los diseminados de la Axarquía donde se habla de 3.858 viviendas construidas en suelo rústico en los últimos cinco años.

En este contexto, lo único que podemos solicitar los ciudadanos es que las leyes que se promulguen en materia de urbanismo y ordenación del territorio se cumplan, para lo cual, la Administración competente tiene que poner los medios necesarios y evitar la producción de daños irreparables por su inacción. Esto, a buen seguro, ayudará a cambiar la percepción pesimista actual de los ciudadanos sobre el compromiso de la administración en el cumplimiento de la ley en materia de urbanismo.