Un juzgado obliga a los compradores a escriturar una vivienda irregular

Los particulares firmaron el contrato en noviembre de 2004 con la entidad Marbella Vista Golf S.L., según la sentencia a la que ha tenido acceso SUR. La vivienda debía ser entregada antes del 1 de enero de 2006, pero la licencia fue impugnada por la Junta de Andalucía al considerar ilegal la licencia de obras así que para esa fecha no estaba terminado ni el piso, ni los jardines ni el campo de golf prometidos.

Los compradores reclamaron entonces la resolución del contrato por la vía judicial y pidieron el dinero entregado a cuenta, 103.873,19 euros. Sin embargo, la empresa contrademandó en el mismo procedimiento. Ahora el juzgado le da la razón a la promotora, al asegurar que las irregularidades administrativas o urbanísticas en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento al dar la licencia -la urbanización está construida en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada, viario público y zona verde según el PGOU vigente- no son imputables a la mercantil, y por tanto, tampoco los incumplimientos del contrato en los que hubiera incurrido.

No es el primer fallo que se da en la urbanización Green Hills, donde hay sentencias opuestas para casos similares. En septiembre de 2007, el juzgado de Primera Instancia 3 de Marbella también denegó la devolución del dinero entregado a cuenta de dos compradores británicos con el mismo argumento. Sin embargo, un año después la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga estimó la apelación de otros particulares resolviendo el contrato de compraventa y condenando a la promotora a devolver la fianza. Según el fallo, «la venta de una vivienda sin estar legalizada debidamente supone un grave incumplimiento del vendedor». En todos los casos, se tratan de viviendas de la misma urbanización. La última sentencia aún no es firme, así que es posible que la Audiencia estime el recurso de los compradores y de la vuelta a la condena.

El caso de Green Hills no es el único caso pero sí el más llamativo en el que se aplican distintos criterios para casos prácticamente idénticos. Para complicar aún más la situación, el nuevo PGOU regulariza la situación de estas viviendas cuya legalidad está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).