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MAGISTRADO. Torres dejó el caso en julio. / J.-LANZA. ARCHIVO
MÁLAGA

Cinco abogados imputados en el 'caso Malaya' se querellan contra el juez Torres por detención ilegal

Permanecieron arrestados casi seis días antes de comparecer en el juzgado, el doble del máximo previsto. Acusan al instructor de intentar conseguir una confesión

HÉCTOR BARBOTTA

Jueves, 20 de septiembre 2007, 10:38

Un caso inédito en la historia judicial desde el nacimiento de la Constitución. Así define el letrado que representa a cinco abogados imputados en el 'caso Malaya' el episodio de la detención de sus defendidos por orden del juez Torres, contra quien ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por presuntos delitos contra la libertad individual y de prevaricación.

Los cinco denunciantes son los letrados Francisco Soriano Zurita, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Manuel Sánchez Zubizarreta. Todos ellos están procesados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y por pertenencia a organización. El juez los considera piezas clave en la estructura de blanqueo montado por Juan Antonio Roca.

En la querella, los abogados acusan al juez Torres de haber ordenado sobre ellos una detención ilegal, al haberlos mantenido en esa situación casi seis días, sobrepasando el límite legal, establecido en 72 horas.

La querella sostiene que el juez, «en aras de una mal entendida lucha contra el delito» prolongó la detención más allá del plazo constitucionalmente establecido «probablemente con la finalidad de obtener una suerte de confesión de delito, o simplemente vejarles en una suerte de castigo anticipado».

29 de marzo

Los abogados fueron detenidos en su despacho de Madrid el 29 de marzo del año pasado, día en que se desencadenó la operación, y no ingresaron en prisión hasta las primeras horas del 4 de abril, según se explica en la querella, a la que ha tenido acceso este periódico.

El escrito llama la atención sobre el hecho de que en el 'caso Malaya', el juez Torres imputó a más de cien personas, de las cuales ordenó detener a todas menos a una, lo que en opinión de los abogados constituye un hecho inédito en la historia judicial española de los últimos 30 años.

Según se afirma en la querella, tras la detención en su despacho de Madrid, los ahora procesados comunicaron inmediatamente al juez su intención de comparecer ante él. Dos días después remitieron un escrito al magistrado reiterando esta solicitud.

Según la querella, el día 31 de marzo, horas antes de cumplirse el plazo máximo previsto en la ley, el juez dictó otro auto en el que decretaba la permanencia en calidad de detenidos de los abogados hasta el lunes 3 de abril, en lugar de dictar su libertad o, de considerarlo necesario, la prisión provisional.

Esta situación, según se sostiene en la querella, provocó una situación de coacción sobre los detenidos «propia de una dictadura».

El auto, según los abogados, es «absolutamente desconocido en el sistema de derecho procesal penal constitucional»

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