El PP impugna que las autonomías participen en la elección de los magistrados del Constitucional

Los populares consideran que es inconstitucional alargar el mandato de tres años del presidente del Tribunal, aunque el cumplimiento del plazo no coincida con el momento de la renovación de los miembros de esta institución, y tienen igual opinión del artículo 16.1, que permite a las comunidades autónomas participar en la elección de los cuatro magistrados que designa el Senado.

El recurso indica que el artículo 16.1 de la reforma legal señala que el Senado sólo podrá nombrar cada nueve años a los cuatro magistrados del Constitucional que le autoriza la Carta Magna de entre una lista de candidatos que le propongan las comunidades.

El PP cree que la modificación legal «desapodera» y «limita» las competencias constitucionales del Senado y de los senadores al impedir que designen sin cortapisas a los magistrados que crean oportuno. También señala que de esta forma se usa una ley para condicionar el reglamento y que se «abren perspectivas insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas y para la autodisolución misma de los órganos de representación nacional».

Impugnación

La segunda impugnación considera inconstitucional la transformación en ley de lo que ya era una práctica habitual en este órgano. Cuando se cumplen los tres años de mandato del presidente y aún faltan unos meses para la renovación de sus miembros, la institución prorroga de forma automática la presidencia. Lo que ocurre ahora con Emilia Casas, que agotó en junio los tres años de presidenta pero seguirá en el cargo hasta que en diciembre se produzca la renovación del tribunal, ya ocurrió entre el otoño de 2003 y la primavera de 2004 con Jiménez de Parga, quien, sin embargo, no fue desautorizado por la prórroga de su mandato ni por el Gobierno del PP ni por el Parlamento, donde este partido contaba con mayoría absoluta.

El fondo de esta discusión jurídica es la lucha partidaria por la ratificación o no del Estatuto de Cataluña, que, tras el recurso de inconstitucionalidad del PP, ha trasladado la confrontación política a la corte constitucional. Según las filtraciones de los últimos meses, los doce magistrados del tribunal están divididos ante la posibilidad de declarar o no inconstitucional algún artículo del nuevo estatuto. La división coincide con la extracción entre conservadores y progresistas.