La Junta contrató a 60 interinos desde septiembre para indagar irregularidades en los cursos

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía ha contratado desde el pasado septiembre a 60 personas de forma interina para indagar en posibles irregularidades en los expedientes de los cursos de formación para el empleo. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dio ayer en Córdoba este dato al recordar que su gobierno lleva siete meses investigando de forma interna todas las subvenciones para cursos otorgadas desde 2007, como el pasado miércoles informó el consejero de Educación, Luciano Alonso. Díaz cifró en 4.000 los expedientes que se miran «uno a uno».

De esta forma la presidenta, y también el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, trataron de contrarrestar las «dudas y desconfianza» sobre la acción de su gobierno en el supuesto fraude de los cursos de formación para desempleados que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Social (UDEF) de la policía. Esta extiende a toda Andalucía las pesquisas iniciadas en Málaga sobre un supuesto fraude en los cursos que imparten empresas y distintas entidades con subvenciones de la Junta. Investiga desde 2007 a 2011, ya que a partir de este año no se conceden cursos. En esos años se llegaron a destinar 2.000 millones de euros para la formación, según la Junta.

Alonso informó la pasada semana que, además de colaborar con la Fiscalía en el caso de Málaga, se tramitan devoluciones de dinero de 56 expedientes por irregularidades, la mayoría por no justificar la subvención. Todo ello en un plan de choque iniciado en septiembre. La secretaria general del PP, Loles López Gabarro, advirtió ayer al PSOE de la contradicción al afirmar que se contrata personal para revisar los expedientes al mismo tiempo que se asegura desconocer que exista un fraude sobre este asunto. «¿Por qué entonces estaban revisando los expedientes? ¿Quién está mintiendo?», preguntó la número dos del PP-A.

En el PSOE no hay una respuesta clara a esta pregunta, aunque sí especial interés en que trascienda que la política de control a estas ayudas cambió con la llegada de Susana Díaz a la presidencia en septiembre, cuando se introdujo entre los requisitos que ningún beneficiario debiera dinero a la Junta. Cornejo justificó el plan de choque para cumplir con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de los interventores de la Junta. «Llegan tarde los que piden una investigación interna», dijo en alusión al PP.

Explicaciones

El PSOE, sin embargo, no apoyará la comisión de investigación en el Parlamento, aunque IU, su socio de gobierno, dejó en el aire si la votaría. El coordinador regional, Antonio Maíllo, zanjó que su formación quiere «conocer toda la verdad» de lo que ha ocurrido. «¿La fórmula? La que mejor se vea para investigarlo. No descartamos absolutamente nada», dijo. IU ya rechazó el pasado Pleno una propuesta del PP en este sentido.

Ante la insistencia del PP para que comparezca en el Parlamento, la presidenta aseguró ayer que «exigirá responsabilidades» y se darán «todas las explicaciones», pero también pidió estas al Ministerio del Interior, al que el PSOE acusa de filtrar la investigación con fines electorales ante las europeas en ciernes y sin que la Junta conozca los datos. Díaz requirió a Interior «respeto y transparencia» y «toda la información» de que disponga.

La misma petición que le trasladó a la inversa la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien aseguró que se trabaja contra el fraude a la Seguridad Social en toda España por igual, porque esta lucha «no conoce de territorios, sino de personas y empresas que actúan irregularmente en el uso de estos fondos», en respuesta a las críticas del PSOE.