Agilizar, la clave para relanzar la construcción

Al principio fue la época del descontrol absoluto, una situación que desembocó en un desarrollo urbanístico desorbitado en la provincia, principalmente en la franja litoral; para intentar corregir esta situación se pasó a una época de demonización de la construcción -a la que prácticamente se le acusó de todos los males- que tuvo su respuesta en un desarrollo normativo que sumió al urbanismo en una maraña burocrática que, junto a la crisis, terminó por abocar al sector al estancamiento; ahora, la Junta de Andalucía (tiene la última palabra en planeamiento), por boca de su presidenta, Susana Díaz, ha puesto de nuevo sus esperanzas en la construcción y el urbanismo como 'mesías' que pueden contribuir al desarrollo económico (y laboral) de la región.

En Marbella, símbolo de la especulación urbanística durante los años de gobierno del GIL, Díaz hizo esta pasada semana un ejercicio de contrición -llegó a reconocer públicamente que «lo que debemos demonizar es la especulación, no la construcción»- y dio un giro al discurso del gobierno regional y de su partido, el PSOE, respecto al ladrillo. En este sentido y como una especie de indulto, anunció que la Junta ultima un decreto (se prevé su aprobación para este mes) que permitirá a los municipios agilizar la aprobación de los planeamientos urbanísticos, sacándolos de la maraña del papeleo en la que está sumidos, y así contribuir a la reactivación del decaído sector de la construcción. Asimismo, agregó que se están analizando diversas normas, como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para posibles modificaciones o adaptaciones.

Así, se simplificará la tramitación de los informes sectoriales que deben emitir las comisiones provinciales de urbanismo y se creará una comisión provincial de coordinación junto al resto de administraciones para agilizar todo el proceso, según destacó el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Javier Carnero. Un hecho que evitará, como denunciaron expertos urbanistas consultados, que se produzcan situaciones como las vividas en los últimos años de planes generales de ordenación urbanística paralizados durante meses a la espera de documentos que debían emitir departamentos de cultura, carreteras o aguas. A esto, añadieron, se une el hecho de que la espesura burocrática y los continuos retrasos hicieron que algunos PGOU de la provincia tardaran hasta diez años en aprobarse, con lo que se dieron circunstancias de que el planeamiento de origen, pensado para unas determinada realidad social, urbanística y económica, nada tenía que ver con el necesario en el momento en que finalmente se le dio luz verde.

«Estamos muy satisfechos con el planteamiento expresado por la presidenta porque esta agilización evitará las eternas críticas de los ayuntamientos hacia la tramitación de la Junta y además da seguridad jurídica», destacó Carnero.

Satisfacción

En este sentido, el anuncio de Susana Díaz ha sido, en líneas generales, bien recibido por los operadores que actúan en el ámbito del urbanismo (alcaldes, constructores, arquitectos). Aunque dan un voto de confianza a la intención del ejecutivo regional lo hacen con ciertas dudas y objeciones y con algunos interrogantes sobre la mesa.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), José Prado, mostró su «alegría» por esta iniciativa andaluza, aunque consideró que «llega tarde» ya que deberían haberse tomado estas medidas «hace tiempo». «Nos encanta que la Junta tome por fin conciencia de que la construcción y la promoción son fundamentales para salir de la crisis», dijo.

Prado confió en que esta agilización desbloquee los PGOU que aún no están aprobados en la provincia y que en el futuro no haya «frenos» burocráticos al planeamiento. Sobre los planes generales, Javier Carnero explicó que los grandes municipios, a excepción de Rincón de la Victoria y Nerja que están en fase de revisión, tiene aprobado su planeamiento, así como las ciudades medias -excepto Ronda, que también está en revisión-. Respecto a los más pequeños (menos de 5.000 habitantes), la Diputación de Málaga, que presta la asistencia técnica a estas localidades, informó de que seis pueblos lo tienen ya totalmente aprobado, cuarenta están en redacción en distintos niveles (avance, aprobación inicial, provisional o a la espera de la aprobación definitiva) y hay cinco que aún no se han iniciado.

Junto al desbloqueo de los planes generales y respecto a lo que la jefa del gobierno andaluz llamó la «construcción sostenible», José Prado dijo: «Los constructores y promotores no somos ni arte ni parte en los PGOU, que son elaborados por los políticos; por tanto, si el planeamiento es sostenible, habrá sostenibilidad, y si no es sostenible, no la habrá».

La ACP planteó que para la reactivación de la construcción además de favorecer la iniciativa privada es necesario reactivar la obra pública. Prado recordó que en 2013 la Junta ha invertido en obra pública la misma cantidad que en 2001, apenas 51,6 millones de euros.

Camino al andar

Entre los alcaldes, las opiniones oscilaban entre los más confiados y los recelosos. El regidor de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, expuso: «Quiero creer lo que ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, pero el camino se hace andando y habrá que ver hasta donde llega. Vamos a darle un voto de confianza. Espero que no sea sólo un titular de prensa, porque es absolutamente necesario, pero lo evidente es que también en el Decreto del Litoral se regulaban algunas medidas de este tipo, como que los informes se iban a emitir en un plazo y no se está cumpliendo. Además siempre son trabas y obstáculos». En esa línea, el regidor de Nerja, José Alberto Armijo, añadió: «Obras son amores y no buenas razones. Espero que las palabras de la presidenta se traduzcan en hechos».

Su homólogo de Estepona, José María García Urbano, confió en que estas reformas legales «supongan dotar de autonomía local» a los ayuntamientos en materia urbanística y criticó que estos cambios se hagan «sin el consenso» con los alcaldes. Mientras que la regidora de Fuengirola, Esperanza Oña, se preguntó si tan sencillo es agilizar los trámites por qué la Junta no tomó antes esta decisión. . «¿Tenemos que entender entonces que no lo han hecho por mala fe? Porque si es tan fácil, no se comprende que no lo hayan hecho en los últimos 30 años», manifestó.

«No lo creeré hasta que no lo vea», aseguró un escéptico alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, mientras que el diputado de Fomento y Atención al Municipio, Ignacio Mena consideró que además de agilizar los PGOU, la Junta debería revisar normativa como el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) y los consiguientes planes territoriales en las provincias porque a su juicio son éstos quienes «limitan» los crecimientos urbanísticos y el desarrollo de la construcción.