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El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ayer. :: EFE
ANDALUCÍA

La Junta pagará la luz y el agua a los beneficiarios del salario social

Valderas anuncia un decreto-ley para garantizar un «suministro mínimo vital», aunque el PSOE-A dice que la medida no está madurada

L. GLEZ.-SANTIAGO

Jueves, 14 de noviembre 2013, 08:38

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, anunció ayer la elaboración de un decreto-ley por el cual quienes perciban el salario social tendrán garantizado el suministro de luz y agua. Valderas avanzó que la medida, en la que lleva trabajando desde septiembre, se presentará al Consejo de Gobierno antes de fin de año aunque no aventuró la fecha en que entrará en vigor.

Durante un desayuno informativo celebrado en Sevilla, Valderas dijo que se garantizará un «mínimo vital» por ley, consistente en «el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día», lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes, y de 1.400 kilowatios al año, con lo que se «cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilowatios anuales» fijadas por la ONU.

El vicepresidente desveló que entre enero de 2011 y diciembre de 2012 se ha cortado la luz por impago a más de medio millón de hogares andaluces. La intención del dirigente de Izquierda Unida es convertir a Andalucía en la primera comunidad «libre de desahucios energéticos».

Valderas estimó que la medida tendrá un coste de unos 20 millones de euros que se obtendrían o bien del fondo de solidaridad de la Junta, y habló de crear una especie de 0,7% solidario interno, o bien de la nueva fiscalidad que la coalición quiere implantar.

Durante su conferencia en el Foro Nueva Economía, a la que asistieron el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, así como la plana mayor de IU, Valderas insistió en su reclamación del banco público de tierras, para lo que reclamó que el Estado transfiera todas las propiedades rústicas, y abundó en la necesidad de contar con una herramienta de crédito al servicio de las pymes andaluzas, a través de un instituto de crédito andaluz «sencillo y eficaz».

El anuncio de Valderas se produce después de que el pasado fin de semana la conferencia política del PSOE planteara una medida similar, por lo que el vicepresidente se cuidó de recalcar que su formación lo tenía en estudio antes.

Pese a todo, pareció que a su socio de Gobierno el anuncio formal en el foro de ayer le cogió un tanto a traspiés ya que la medida, según fuentes del Ejecutivo, está aún sin madurar.

Medida «en estudio»

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Francisco Alvarez de la Chica, enfrió públicamente las expectativas y dijo que se trata de una medida que está «en estudio» para saber a cuántos ciudadanos afectaría, aunque se calcula que son algo más de 50.000 los perceptores del salario social, una paga de unos 400 euros. Alvarez de la Chica recordó de paso que esta ayuda se une a otros importantes acuerdos ya adoptados en materia de vivienda y de alimentación, las medidas antidesahucio y las comidas a los escolares, para apoyar a los que más están sufriendo la crisis.

Más airada fue la reacción del PP-A. Su coordinadora de Política Municipal, Carolina González Vigo, aseguró que «no hay ningún ayuntamiento que no esté ya garantizando el agua y la luz a la gente que lo necesita», dijo, y se preguntó «no sé de qué va el señor Valderas , de verdad, no sé a quién intenta engañar», según recoge Europa Press.

González Vigo aseguró que no conoce a ningún alcalde o alcaldesa de Andalucía «que le corte el agua y la luz a la gente que lo necesita».

Aún más, la dirigente del PP-A dijo que no entiende esta propuesta del vicepresidente de la Junta, consejero también de Administración Local, al que recomendó que, en vez de «intentar engañar» a los andaluces con este tipo de medidas, hable de los «380 millones que la Junta debe a los ayuntamientos» y de la «traición permanente que mantiene» con ellos sin dejarles prestar los servicios públicos «con tranquilidad».

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