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La Junta permitirá legalizar once mil viviendas irregulares en la Axarquía

MÁLAGA

La Junta permitirá legalizar once mil viviendas irregulares en la Axarquía

Obras Públicas cambia de postura sobre las casas en el campo y anuncia un decreto para facilitar su regularización

05.03.11 - 02:03 -
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Borrón y cuenta nueva. La postura de aplicar de manera implacable la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para acabar con las construcciones indiscriminadas en el suelo rústico y que ha llevado a muchos alcaldes a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por conceder licencias en el campo, se ha tornado de la noche a la mañana en un posicionamiento mucho más suave y ambiguo por parte de la Junta de Andalucía. De manera, que donde antes se decía una cosa, ahora se dice la contraria. El cambio no es baladí, toda vez que ello va a significar que las viviendas ilegales construidas en suelo rústico durante los últimos 30 años en la comarca de la Axarquía (más de 22.000 edificaciones, según los ecologistas) puedan ser regularizadas en su inmensa mayoría.
Otra cosa será lo que suceda con las viviendas que se realicen a partir de ahora y que no respondan a los planes generales de ordenación urbana de los municipios, la LOUA y el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX), para las que la Junta anuncia «la mayor contundencia» al objeto de evitar que surjan nuevos crecimientos ilegales.
El anuncio, a sólo dos meses de unas elecciones municipales, no parece gratuito. La nueva postura expresada por la Junta de Andalucía a través de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que ayer se reunió en Málaga con 22 de los 31 alcaldes de la Axarquía para hacerles entrega de los inventarios de edificaciones ilegales realizados en sus respectivos municipios, conllevará que del total de 12.760 construcciones ilegales contabilizadas, 11.025 puedan tener «vías de solución».
No es una amnistía
Para Villalón, este anuncia no se trata en modo alguno de una «amnistía, sino de reconocer una realidad que está ahí y de dar respuestas, pero con condiciones. Lo que estamos haciendo es reconocer la existencia de 11.025 viviendas que pueden entrar en un proceso de regularización».
Pero llame como lo quiera llamar la consejera, la realidad es que el 86,5% de las viviendas residenciales ilegales inventariadas y que incumplen la LOUA por no estar vinculadas al uso agrícola, ganadero o forestal, podrán ser regularizadas.
Con esta finalidad, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda está trabajando en la elaboración de una nueva norma de ámbito andaluz y con rango de decreto del Consejo de Gobierno que podría entrar en vigor en un plazo máximo de seis meses, según ha anunciado Josefina Cruz.
El decreto, que representará un antes y un después con relación al urbanismo en la Axarquía, donde los alcaldes han demandando de manera reiterada la reforma de la LOUA, persigue resolver la regularización tanto de las casas que se encuentran fuera de ordenación como de las asimiladas a fuera de ordenación, figura en la que se engloban todas las viviendas construidas ilegalmente, pero que han prescrito después de cuatro años y a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior, es decir, la demolición. Según Villalón, en la Axarquía existe un buen número de viviendas construidas de manera ilegal en suelo no urbanizable común que ya han prescrito y que «no se pueden quedar en el limbo», de ahí que la Junta esté buscando una fórmula para reconocer su situación.
Procedimiento
¿Cuál va a ser e procedimiento de regularización? Según la consejera, una vez aprobado el decreto que regulará la viviendas en el no urbanizable, en el caso de las viviendas fuera de ordenación, deberán ser los propietarios los que soliciten la legalización a los ayuntamientos acompañado la petición de un proyecto de actuación, aunque eso sí, no se les exigirá ninguna vinculación al uso agrario, ganadero o forestal. A partir de ese momento, deberán ser los ayuntamientos los que podrán resolver otorgando la correspondiente licencia de ocupación.
Con las viviendas que la Junta asimila al fuera de ordenación, que son las ilegales que han prescrito, siempre que no estén denunciadas y dado que no se les podrá exigir la restitución de la realidad física modificada, los propietarios podrán pedir su «reconocimiento. Será una forma de decir que están ahí y que existen», según Josefina Cruz. También en este caso serán los ayuntamientos los que tengan la última palabra, a la vez que podrán autorizar las obras indispensables para que puedan ser adaptadas al uso al que se destina, aunque en ningún caso los servicios públicos que soliciten deberán ser asumidos por las administraciones.
En este sentido, la titular de Obras Públicas ha dejado claro que la dotación de esas infraestructuras deberán ser siempre sin coste para los consistorios, ya que «los propietarios de viviendas irregulares no contribuyen, como sí lo hacen los vecinos de casas legalmente construidas, a la urbanización, las infraestructuras y los equipamientos del sector. Además no podemos olvidar que son viviendas construidas ilegalmente».
En el polo opuesto se encuentran las 859 edificaciones que se levantan sobre suelo no urbanizable de especial protección y las 976 construidas ilegalmente y que no han prescrito, algunas de las cuales podrían terminar incluso con la demolición, recayendo en los ayuntamientos esta decisión. No obstante, Cruz Villalón ha avanzado que las resoluciones no serán rápidas. «Estamos hablando de un problema que se viene arrastrando durante los últimos 30 años», ha señalado la consejera.
Con los inventarios, los distintos planeamientos y el decreto, según la titular de Obras Públicas, «se dará a los ayuntamientos seguridad jurídica para sus actuaciones y garantía a la mayor parte de los propietarios, que tendrá así una nueva vía para el reconocimiento de sus viviendas, para que puedan dotarlas de los servicios mínimos». Paralelamente, la medida propuesta ahora por la Consejería persigue «frenar los procesos judiciales en los que se han visto inmersos algunos alcaldes como consecuencia de las autorizaciones que han dado en el no urbanizable», aunque, según la consejera, los ya abiertos seguirán su desarrollo y «corresponderá a los tribunales dictar sentencia».
El anuncio de Obras Públicas y Vivienda ha sido acogido por los alcaldes con los brazos abiertos, aunque en el encuentro celebrado ayer gran parte de los 18 responsables municipales que asistieron a la reunión esperaban, cansados de esperar, que la consejera llevara debajo del brazo del decreto de regularización de las viviendas.
«Los principales beneficiarios serán los propietarios de las casas, ya que estamos hablando de que permitirá regularizar el 87% de las viviendas construidas en el campo. En el caso de Iznate, la regularización puede llegar al 90%. Seguro que habrá casos espinosos y sobre los que habrá que trabajar, pero sin duda es bastante positivo», afirmaba a la salida de la reunión el alcalde, Gregorio Campos.
«Ya era hora»
Para el responsable de la asociación Save Our Homes Axarquía (en castellano significa Salvemos Nuestros Hogares), Phillip Smally, ya era hora que la Junta dejara las palabras para comenzar a actuar, aunque el colectivo al que representa defiende la legalización del 100% de las viviendas.
Desde el Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena-Ecologistas en Acción), que está detrás de buena parte de las denuncias realizadas en la comarca por presuntos delitos urbanísticos, su coordinador, Rafael Yus, ha valorado el anuncio realizado por Josefina Cruz como «una amnistía en toda regla, ya que lo que supone es renunciar a la Ley del Suelo».
Los municipios inventariados son Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo.
«Se persigue también frenar los procesos judiciales en los que se han visto inmersos los alcaldes»
«Los principales beneficiarios del decreto serán los propietarios de las casas»
«Esto es una amnistía en toda regla y supondrá renunciar a la Ley del Suelo de Andalucía»
«Me parece muy bien, porque hasta ahora sólo han habido palabras en lugar de hechos»
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