Al Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), la aprobación por parte de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del reglamento de disciplina urbanística, bautizado como 'derribo exprés', que otorga más competencias a los ayuntamientos para proceder al derribo de viviendas irregulares construidas o en fase de construcción, en el plazo máximo de un mes, no va a poner fin al urbanismo ilegal, razón por la cual ha pedido a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que se elimine la competencia urbanística en el suelo no urbanizable a todos los municipios.
El colectivo celebra la iniciativa por entender que acelerará y facilitará el proceso de tramitación de las demoliciones de viviendas ilegales. No obstante, critica que la medida gravite en exceso en los ayuntamientos, «los mismos que han mostrado a lo largo de los últimos años una negativa expresa a erradicar las construcciones de viviendas en suelo no urbanizable», según el colectivo.
«La manifestación más palmaria de este hecho es que recientemente la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía ha organizado una mesa político-técnica para presionar a la Junta de Andalucía para que se eliminen las restricciones de construcción en suelo no urbanizable», asegura Gena.
Responsabilidad
Asimismo, los ecologistas denuncian que la medida supone trasladar a los ayuntamientos una responsabilidad que tendrá consecuencias políticas para los alcaldes, desde el momento en que la impopularidad de las medidas de demolición acarreará una pérdida de votos que pondrá en peligro la perpetuación en el poder de los partidos gobernantes en los ayuntamientos. «Es impensable que las mismas instituciones que han consentido o alentado la construcción de viviendas en suelo no urbanizable ahora vayan a utilizar esta poderosa herramienta cuando lo que está en peligro, desde su punto de vista, es el desarrollo de su municipio y el apoyo social a la formación política gobernante», señala en un comunicado el coordinador de Gena, Rafael Yus.
Ante esta situación, el colectivo califica de insuficiente la medida y propone eliminar la competencia urbanística en el suelo no urbanizable de todos los municipios de Andalucía. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía pide asimismo la creación de una estructura, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con carácter provincial, desvinculada de los ayuntamientos y suficientemente equipada de técnicos para diligenciar los expedientes de ilegalidad y demolición conforme a este Reglamento de Disciplina Urbanística.
Por último, reclama la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el SEPRONA y la Policía Autonómica, así como la ciudadanía, para la detección de las construcciones ilegales.
Compromiso
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, reafirmó ayer por otra parte en el Parlamento andaluz su compromiso con el desbloqueo de los planeamientos urbanísticos de los municipios de la Axarquía para posibilitar, entre otros aspectos, la dotación de sistemas generales y equipamientos adecuados o la reserva de suelo para vivienda protegida. Según el consejo, el plan de choque emprendido por la Consejería está dando ya resultados dado el intenso trabajo de colaboración institucional entre los 16 ayuntamientos que aún no tienen PGOU, la Diputación y la Junta.
