El alcalde de Albaida dio una licencia ilegal porque «se pusieron muy pesados»

El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Díaz (PP), reconoció ayer ante el juez que dio una licencia para una vivienda en suelo no urbanizable que carecía de informe técnico, pero que lo hizo de «buena fe», «por el bien del pueblo» y porque los solicitantes «se pusieron muy pesados». Díaz agregó que pensó que se podía legalizar posteriormente y que no sabía que su actuación podía ser delictiva.

La Fiscalía acusa al regidor de un delito urbanístico por autorizar en 2004 la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable y sin proyecto técnico. Por ello pide que Díaz Navas sea condenado a siete años de inhabilitación y multa.

«Me pasé. Lo hice mal porque faltaba documentación, pero es que los solicitantes (una persona extranjera) se pusieron muy pesados y tenía la confianza de que se podía legalizar», declaró el alcalde.

Sobre el paraje 'El Mosquín', lugar donde se edificó la casa de 137 metros cuadrados, Antonio Navas dijo que «ese trocito es el único suelo útil, porque todo lo demás está protegido y hay muchos barrancos» y que en el PGOU aprobado inicialmente por el Ayuntamiento figura como urbanizable, por lo que pensó que se podría legalizar. Este extremo fue corroborado por el arquitecto municipal que asiste al municipio una vez por semana ya que no tiene técnico propio, que tampoco cuenta con Policía Local que haga labores de inspección.

A preguntas del fiscal sobre por qué en 2007 cuando ya existía constancia del proceso judicial abierto por la irregularidad urbanística se presentó un informe técnico por parte el abogado del promotor que tenía fecha de junio de 2003 para una vivienda vinculada a explotación agrícola, al que el Consistorio dio «máxima celeridad en su tramitación, a pesar de que en dicha finca no se había desarrollado explotación alguna en ningún momento», el alcalde dijo que allí iba a haber «una actividad agrícola, pero que luego se aburrieron y dejaron secar los árboles».

Acta de la construcción

Por su parte, el agente del Seprona que levantó acta de la construcción ilegal aseguró, a preguntas de la defensa, que, al dar la licencia, Antonio (el alcalde) no era consciente de que era un delito». En su informe final el fiscal mantuvo la acusación y solicitó una sentencia condenatoria contra el alcalde porque su decreto fue «arbitrario e injusto» y «no siguió el procedimiento».

El abogado defensor pidió la absolución porque no se cumplen los requisitos del delito de la prevaricación urbanística. «Es una persona sin estudios, que apenas sabe leer, que ha reconocido que la licencia la dio antes de tiempo y que creía que iba a ser legalizable porque el pueblo sólo podía crecer por esa zona. Tenemos un procedimiento administrativo para resolver esto y la jurisdicción penal no puede entrar en este caso».