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Los Bowen encontraron en Vélez-Málaga el retiro dorado para su jubilación. Él había sido carpintero y ella, profesora. Se compraron una casa y vivieron felices durante un tiempo. Hasta que a la señora Bowen le detectaron un cáncer que requería quimioterapia. El tratamiento costaba 6.000 euros.
Así fue como acabaron en las oficinas del banco islandés Landsbanki en Marbella para pedir un crédito. «Ellos solo necesitaban 6.000, pero la entidad les dijo que, como mínimo, tenían que pedir 20.000 y les ofreció un producto financiero tóxico que les ha llevado a perder su casa», asegura el abogado marbellí Ignacio Infante, que representa a los Bowen y a cerca de 200 jubilados extranjeros, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la Costa del Sol, que están en la misma tesitura.
El producto en cuestión se llamaba Spria II o Sitra II y fue comercializado en España por Lex Life a través de Landsbanki (o su filial en Luxemburgo) entre 2004 y 2008, año en que el banco islandés quebró. Según explica el letrado, la mecánica era bastante compleja, sobre todo para usuarios sin conocimientos financieros (alegan que el banco no indagó en el perfil del inversor y que no suministró información del producto). Lansbanki concedía una hipoteca por la vivienda, por la que se obtenía un préstamo representado por un seguro de vida del cual «el banco retenía la mayor parte o la totalidad para invertirlo en productos financieros», argumenta el abogado Ignacio Infante en su demanda. «Gracias a eso –continúa– se aseguraba a los clientes una gran rentabilidad, así como eliminar o al menos mitigar el impuesto de sucesiones en España. Lógicamente, esto no sucedió. El banco perdió todo, dejándoles con una gran deuda».
Los abogados de Landsbanki y, ahora, de los liquidadores han esgrimido en alguno de los juicios, entre otros argumentos, falta de legitimación pasiva, ya que, sostienen, «no intervenían en el negocio financiero», sino que se limitaban a «atender una petición de crédito», siendo «ajenos a la promoción y contratación de Sitra», que atribuyen a Lex Life, «inversión que asumieron voluntariamente los contratantes sin intervención de la demandada (el banco)».
Aunque ganaron en primera instancia, los Bowen perdieron el pleito en el Supremo, que más tarde (a partir de 2013) cambiaría de doctrina sobre las cláusulas abusivas introducidas por los bancos. En noviembre se ejecutó la hipoteca de su casa en Vélez y siguen debiendo el principal del crédito, los intereses y, además, las costas del juicio. En total, casi 300.000 euros por los que tienen embargadas sus pensiones. «Comen gracias a Cáritas», apunta el abogado.
El suyo es el caso más extremo y el único de los casi 200 afectados donde han perdido la vivienda. «Todos los demás estaban abocados a este destino», aclara Infante, que se ha hecho con las riendas del procedimiento (ahora aglutina a la mayoría de los demandantes), y ya ha conseguido paralizar una decena de ejecuciones hipotecarias en distintos lugares de España. De hecho, ya hay dos juzgados de Marbella y Fuengirola que les han dado la razón y han declarado la nulidad de los contratos.
El devenir del caso pasa hoy por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga, que estudia el caso de un matrimonio demandado por impago por el banco, y contra el que el abogado malagueño, en representación de la pareja, ha formulado una reconvención (responder con una demanda contra el que promovió el pleito) a la que se han adherido el resto de afectados, constituidos ya en la Asociación de Víctimas Perjudicadas por Landsbanki. Hoy se van a concentrar en señal de protesta en la puerta de los juzgados de Marbella.
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