¿Cómo quedará la composición del accionariado en el suburbano?

Dicen los expertos en grandes infraestructuras con participación público-privada que lo lógico es que las constructoras tiren del carro en la etapa de obras y, una vez en funcionamiento, den el pase a otro tipo de actores. Es el movimiento que se está produciendo en el caso del metro de Málaga, como también ocurrió en el suburbano de Sevilla. Las compañías Sando y Azvi, ambas vinculadas a las obras públicas y el ladrillo, se retiran de la explotación, que arrancó hace poco más de cinco meses. Con ellas, se va también Cajamar, que pasó de tener una participación minoritaria a ser uno de los mayores accionistas.

En su lugar entrará Blackstone, un fondo de capital riesgo estadounidense que ha incrementado su actividad en España durante la crisis. Se ha especializado en el negocio inmobiliario, con la adquisición de edificios de oficinas en Madrid y Barcelona. Con todo, la operación más conocida y polémica de cuantas ha llevado a cabo en el país se produjo a mediados de 2013, con la compra de un lote de 1.800 viviendas de VPO en promociones de alquiler del Ayuntamiento de Madrid, con un coste total de 128 millones de euros.

El previsible nuevo accionista se convertirá en mayoritario, con el 39,4% de la sociedad, pero no asumirá la gestión, que seguirá en manos del tándem que conforman la constructora FCC y la Junta. La primera tiene su participación repartida en dos: un 10,01%de la matriz y un 15,31% de la filial Globalvia. El Gobierno andaluz mantiene el 23,69%. También seguirán dentro al menos, de momento Comsa (10,56%) y el grupo Vera (1,04%).

En cambio, este podría no ser el último cambio en el seno del suburbano malagueño, ya que en el sector se especula con el futuro de Globalvia, una vez que sus propietarios (Bankia y FCC) han mostrado su interés por venderla.