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Montse Martín
Jueves, 14 de mayo 2015, 00:34
Un jurado popular juzgará el próximo 29 de junio al interventor municipal de Cuevas del Becerro acusado de quedarse con más de 338.000 euros del Consistorio. El fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide que sea condenado a un total de 12 años de cárcel por un delito continuado de malversación y otro de falsedad en documento público.
El funcionario venía prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro desde 1987, pero fue a partir de 2007 cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, comenzó a proceder de manera ílícita. Así, desde su función de secretario-interventor, Juan María González, se prevalió de su cargo para rellenar cheques en blanco, que habían dejado firmados el alcalde y el teniente alcalde para atender pagos urgentes.
Según el fiscal, el funcionario rellenó los documentos bancarios sin que existiera justificación de pago urgente ni mandamiento de pago ordenado por el regidor de la corporación y los presentó al cobro en las entidades bancarias, apoderándose del dinero para su beneficio personal. De esta manera, el acusado realizó hasta cerca de 40 operaciones entre septiembre de 2007 y enero de 2009, presentando los cheques en las distintas entidades bancarias en las que tenía cuenta el Ayuntamiento de las que retiró en metálico cantidades que fueron desde 1.100 hasta 40.000 euros. En otras ocasiones ingresaba los cheques en su propia cuenta.
Para tratar de justificar algunas de las cantidades de las que se apoderó de manera ilícita, el interventor, según la acusación pública, elaboró tres falsos mandamientos de pago, por un importe total de 6.440.
El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito continuado de malversación a una pena de siete años y seis meses de cárcel e inhabilitación absoluta durante quince años y por el de falsedad en documento público, a cuatro años y seis meses y multa de 5.400 euros. Asimismo, pide que indemnice al Ayuntamiento de Cuevas del Becerro por el total de las cantidades sustraídas, es decir, 338.247 euros, además de los intereses legales.
Fue el propio alcalde de Cuevas del Becerro, Joaquín Esquina, el que detectó las supuestas irregularidades en la revisión que anualmente él mismo realiza de las cuentas municipales.
Ante la situación, abrió un expediente disciplinario al funcionario y lo sustituyó por otra persona.
En enero de 2009, el alcalde presentó ante la Fiscalía de Málaga un escrito denunciando al secretario-interventor, que fue suspendido de empleo y sueldo.
Revuelo en el pueblo
Los hechos levantaron una gran revuelo en el pueblo y el Ayuntamiento tuvo que organizar un acto para dar cuenta de la situación.
El imputado siempre ha mantenido su inocencia ante los presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
El regidor de Cuevas del Becerro ha venido reclamando en repetidas ocasiones celeridad a la Justicia y se ha quejado de la lentitud en la tramitación del caso desde que se denunciaran los hechos en 2009.
Joaquín Esquina ha manifestado que el presunto desfalco contribuyó a agravar la difícil situación económica que atraviesan las arcas municipales de este municipio que cuenta con cerca de 1.750 habitantes.
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