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Eugenio Cabezas
Viernes, 17 de octubre 2014, 01:39
«Una ley de punto y final». Esto fue lo que propuso ayer el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, para solucionar el problema de las viviendas ilegales, en un encuentro en Torre del Mar con un centenar de propietarios de inmuebles situados en suelos no urbanizables de la Axarquía. «No estoy hablando de una aministía general, pero sí pido una segunda oportunidad para estos dueños de casas, la inmensa mayoría de ellos compradores de buena fe», aseguró el máximo responsable de los populares.
A su juicio, la situación que se vive en Andalucía «es un auténtico caos, un problema urbanístico de primera magnitud, que ha sido consecuencia de que la Junta de Andalucía sólo ha ido parcheando la realidad», aseguró Moreno Bonilla, quien puso como ejemplo el último anuncio de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de que se modificará la LOUA para salvar las viviendas situadas en terrenos que han sido segregados mediante parcelaciones irregulares.
El despacho de abogados GVA&Atencia organiza hoy en Vélez-Málaga la jornada La vivienda en suelo no urbanizable. Nuevos factores para su regularización. El objetivo de este encuentro es analizar la legislación que afecta a la regularización de las viviendas situadas en suelo no urbanizable, de la mano de responsables institucionales y de expertos del mundo académico y el derecho.
El socio de GVA & Atencia y director de la sede de Torre del Mar, Ramón Gómez-Villares, será el encargado de dirigir la jornada. El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, Javier Carnero, será uno de los ponentes en el acto, que tendrá lugar en el Hotel Cortijo Bravo, en la carretera de Benamocarra, kilómetro 1,5.
Según explicó el despacho, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un anteproyecto de ley que modificará tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) «ha obligado a todas las partes involucradas en el asunto (instituciones, particulares, asociaciones de vecinos y abogados) a revisar las actuaciones realizadas en los últimos años y a mirar hacia el futuro desde otra perspectiva». «Las últimas modificaciones han permitido llevar a cabo una regularización necesaria para estas viviendas y que numerosos ciudadanos puedan habitar sus casas con la garantía de una seguridad jurídica», aseguró Gómez-Villares. La jornada abordará «la necesaria» armonización entre el interés público y el privado.
«Es un error más, y tiene poca credibilidad, porque se produce a pocos meses de unas elecciones, como ya pasó en 2012 con el anterior presidente José Antonio Griñán», continuó el dirigente del PP andaluz. «Una ley de punto y final la puso en marcha un gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid, no es una amnistía general, es hacer un borrón y cuenta nueva, lógicamente no todas las viviendas se podrían regularizar, porque las que están en suelos protegidos o público no podrían, pero sí el 80% de las cerca de 300.000 que se calcula que hay en Andalucía», manifestó.
Al encuentro acudieron la práctica totalidad de los alcaldes del PP de la comarca así como portavoces y socios de Save Our Homes Axarquía (SOHA), siglas en inglés de la asociación Salvemos Nuestras Casas, que agrupa a unos 400 afectados por esta situación en la comarca más oriental de la provincia. Su portavoz, Mario Blancke, hizo referencia a la imagen de «inseguridad jurídica» que se ha trasladado al exterior, y contó una anécdota personal: «Hace un par de años estando en la India me dijeron que en Andalucía no había seguridad para comprar una casa, porque lo habían visto en un reportaje de la BBC».
Como ejemplo para ilustrar la situación, en el acto se proyectó un extracto de un reportaje emitido por la cadena británica grabado con casos reales en la comarca almeriense del Almanzora. El presidente de los populares andaluces resumió su apuesta por solucionar este problema con cuatro claves: «Regularizar todas las viviendas que no estén en espacios protegidos, dar una respuesta jurídica a los propietarios, proteger a los compradores de buena fe y agilizar la colaboración entre las administraciones para ejercer un control férreo que evite que se repitan estos casos».
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