MÁLAGA
El fiscal pide prisión para el joven que le dio una paliza al director de un instituto
La juez determina que el suceso puede ser constitutivo de un delito de atentado a funcionario público, penado con entre uno y tres años de cárcel Un centenar de docentes y padres se congregaron a las puertas del juzgado
MAL TRAGO. El profesor Antonio Escámez, a su llegada al juzgado. / SALVADOR SALAS
Fue un juicio rápido en el sentido estricto de la palabra. Apenas diez minutos fueron suficientes para poner de relieve que la agresión sufrida por el director del instituto Torre del Prado, de Campanillas, a manos, presuntamente, del hermano mayor de edad de un alumno del centro, no era sólo una pelea callejera más.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordó ayer, a instancias del fiscal y del abogado de la acusación, tramitar los hechos como un delito de atentado a funcionario público, y no como falta. La juez resolvió suspender el juicio rápido que se iba a celebrar.
La diferencia es sustancial. De haber seguido por la vía Civil, si el acusado, S. R., de 25 años, era declarado culpable se enfrentaría a una posible sanción económica. Ahora, por el cauce penal, puede ser condenado a entre uno y tres años de cárcel.
Durante la corta vista, Antonio Escámez y su presunto agresor estuvieron sentados en el banquillo codo con codo. No se dirigieron la mirada en ningún momento ni llegaron siquiera a rozarse.
La pequeña sala estaba abarrotada de profesores y padres de alumnos del docente, que mostraron de esta forma su apoyo. Mientras, a las puertas de los juzgados, casi un centenar de personas, entre ellos representantes de la Junta de Personal Docente y de la Delegación de Educación se concentraron en solidaridad con su compañero.
En su turno, el fiscal pidió la suspensión de la vista y la incoación de diligencias previas, al considerar que los hechos podrían corresponderse con un delito de Atentado a la Autoridad, en este caso, funcionario público, que recoge el Código Penal. La acusación particular, en representación del docente, se sumó a esta petición y la defensa se opuso. El letrado del profesor, José Luis Mota, dijo que tanto el ministerio fiscal como la acusación y la propia juez de instrucción habían estado de acuerdo.
La siguiente fase será la apertura de diligencias previas, «para ver si los hechos pueden ser constitutivos de un delito de atentado a funcionario público, independientemente de la calificación que se le dé a las lesiones», explicó Mota.
«No he sido el primer docente que ha sufrido una agresión, pero sinceramente espero ser el último», fueron las palabras del director a su salida de los juzgados, quien reconoció el mal trago que su paso por el tribunal había supuesto. Escámez también tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas que le han apoyado, «a mis compañeros, especialmente a mis alumnos, y a los profesores de otras ciudades e incluso de otros países».
El acusado, S. R., aseguró que nunca le había sucedido algo así en su vida. Preguntado por los periodistas por su visión de lo ocurrido, dijo: «Son cosas de personas humanas». También se le cuestionó sobre su arrepentimiento, ante lo que declaró que lo dirá durante el juicio. Su abogada, Belén Romero, rechazó que los hechos se enjuicien como un delito y anunció que recurrirá la decisión del tribunal.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordó ayer, a instancias del fiscal y del abogado de la acusación, tramitar los hechos como un delito de atentado a funcionario público, y no como falta. La juez resolvió suspender el juicio rápido que se iba a celebrar.
La diferencia es sustancial. De haber seguido por la vía Civil, si el acusado, S. R., de 25 años, era declarado culpable se enfrentaría a una posible sanción económica. Ahora, por el cauce penal, puede ser condenado a entre uno y tres años de cárcel.
Durante la corta vista, Antonio Escámez y su presunto agresor estuvieron sentados en el banquillo codo con codo. No se dirigieron la mirada en ningún momento ni llegaron siquiera a rozarse.
La pequeña sala estaba abarrotada de profesores y padres de alumnos del docente, que mostraron de esta forma su apoyo. Mientras, a las puertas de los juzgados, casi un centenar de personas, entre ellos representantes de la Junta de Personal Docente y de la Delegación de Educación se concentraron en solidaridad con su compañero.
En su turno, el fiscal pidió la suspensión de la vista y la incoación de diligencias previas, al considerar que los hechos podrían corresponderse con un delito de Atentado a la Autoridad, en este caso, funcionario público, que recoge el Código Penal. La acusación particular, en representación del docente, se sumó a esta petición y la defensa se opuso. El letrado del profesor, José Luis Mota, dijo que tanto el ministerio fiscal como la acusación y la propia juez de instrucción habían estado de acuerdo.
La siguiente fase será la apertura de diligencias previas, «para ver si los hechos pueden ser constitutivos de un delito de atentado a funcionario público, independientemente de la calificación que se le dé a las lesiones», explicó Mota.
«No he sido el primer docente que ha sufrido una agresión, pero sinceramente espero ser el último», fueron las palabras del director a su salida de los juzgados, quien reconoció el mal trago que su paso por el tribunal había supuesto. Escámez también tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas que le han apoyado, «a mis compañeros, especialmente a mis alumnos, y a los profesores de otras ciudades e incluso de otros países».
El acusado, S. R., aseguró que nunca le había sucedido algo así en su vida. Preguntado por los periodistas por su visión de lo ocurrido, dijo: «Son cosas de personas humanas». También se le cuestionó sobre su arrepentimiento, ante lo que declaró que lo dirá durante el juicio. Su abogada, Belén Romero, rechazó que los hechos se enjuicien como un delito y anunció que recurrirá la decisión del tribunal.
