Emilio de Llera, en contra de privar por norma las visitas de maltratadores a sus hijos

La muerte de la pequeña envenenada en Campillos por su propio padre condenado por maltrato mientras disfrutaba del régimen de visitas durante la Semana Santa ha encendido del debate en los sectores sociales más sensibilizados con la violencia de género sobre la posibilidad de regular por ley los contactos de los condenados por violencia de género con sus hijos. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se mostró ayer contrario «como regla general» de una norma para que los maltratadores pierdan el derecho de régimen de visitas o la patria potestad sobre sus hijos. «Hay que dar al juez una gran libertad de discrecionalidad, eso sí, siempre que razone y motive su decisión, para que en cada caso concreto pueda decidir lo más conveniente para esos hijos menores».

Durante la presentación del balance sobre el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) en Málaga, el responsable de la Justicia en Andalucía subrayó que «el interés primordial es que el menor sea siempre atendido en todos los aspectos y siendo posible por ambos progenitores, aunque uno de los dos sea un malvado».

Explicó su propia experiencia como fiscal, ahora en excedencia: «Yo he visto hijos que han ido a ver a su padre a la cárcel pese a que el padre había montado una historia en la familia horrorosa y eso es significativo. Los seres humanos necesitamos padre y madre, o padre y padre o madre y madre, pero necesitamos más de un referente a esas edades».

Por ello se mostró en contra de establecer «como regla general» privar a un condenado por malos tratos del derecho de visita con sus hijos y de la patria potestad sobre sus hijos.

«¿Por qué? porque lo puede acabar matando. Es verdad, pero es como si decimos es que los robos se cometen por la calle, pues que nadie salga a la calle. Y decimos muerto el perro se acabó la rabia, pero no es la solución», añadió. De Llera advirtió de que hay que ser «muy cautelosos y otorgar al juez una gran libertad de discrecionalidad, eso sí, siempre que razone y motive su decisión, para que en cada caso concreto pueda decidir lo más conveniente para esos hijos menores».

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, recordó que en los casos en los que hay condena por maltrato las unidades de violencia de género (UVIG) formadas por psicólogos y trabajadores sociales emiten informes y que puedan ser tenidos en cuenta por los jueces en los casos en los que tengan que retirar el régimen de visitas de los hijos o en los de internamiento de las mujeres en casas de acogidas».