Los hijos de Jesús Gil deberán devolver 120 millones tras confirmarse su condena

El Ayuntamiento de Marbella pedirá la ejecución inmediata del embargo de bienes decretado sobre los hijos de Jesús Gil tras confirmar el Tribunal de Cuentas la condena que pesaba sobre los cuatro herederos del exalcalde por la responsabilidad contable legada de su padre. La sentencia, fechada el pasado 11 de abril y a la que ha tenido acceso este periódico, confirma la emitida hace dos años por un procedimiento de alcance contable, pero aumenta la responsabilidad de los hijos de Gil en 15 millones de euros, lo que eleva el principal de la deuda de 66 a 81 millones, cantidad a la que se suman intereses por más de 40 millones.

La resolución judicial, que puede aún ser recurrida en el Supremo, está en relación con el informe del Tribunal de Cuentas que examinó la contabilidad del Ayuntamiento de Marbella entre 1990 y 1999, y también eleva la responsabilidad del exteniente de alcalde Pedro Román, condenado en primera instancia a devolver 41 millones y que ahora deberá hacer frente a 56 millones y medio.

El equipo jurídico municipal consiguió recientemente el embargo de bienes pertenecientes a sociedades de los hijos de Gil, así como de mercantiles que figuraban a nombre de personas que el Tribunal de Cuentas considera testaferros de Román.

A los primeros les inmovilizaron 118 bienes inmuebles pertenecientes a cinco sociedades, y a Román, 41 fincas, un avión y un helicóptero que se encontraban ocultos tras una maraña de 10 sociedades. Ahora tras conocerse el contenido de la nueva sentencia del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento pedirá la ejecución inmediata de este embargo, que podría permitir comenzar a recuperar al menos parte del expolio sufrido por la institución municipal durante los 15 años de gobierno del grupo encabezado por Gil.

Herencia

El Tribunal de Cuentas ha destacado que los hijos de Gil decidieron aceptar la herencia libremente y cuando ya conocían el estado del procedimiento que se seguía por posibles irregularidades derivadas de la gestión económica-financiera en la época en la que su padre estuvo al frente del Ayuntamiento. «Dichos herederos sucedieron al difunto por hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones», concluye la sentencia.

La nueva resolución judicial, producto de sendos recursos presentados tanto por las acusaciones como por los condenados, admite los argumentos de la Fiscalía contra la prescripción de algunas irregularidades decretada en la sentencia original de hace dos años, y por ello aumenta la responsabilidad contable de los hijos de Gil y la de Pedro Román en 15 millones de euros, al tiempo que revoca la declaración de prescripción que había recaído en la exconcejala Dolores Zurdo, quien ahora deberá responder por 12,4 millones de euros, y en la exedil Marisa Alcalá, quien tendrá que devolver 3,2 millones de euros, cantidad que se suma a los 3,2 millones a los que ya había sido condenada.

Asimismo, el exdelegado de Hacienda Rafael González Carrasco tendrá que devolver 58 millones de euros; Julián Muñoz, 10,3 millones, y Antonio Luque, también exedil de Hacienda, la misma cantidad.

En la sentencia se han tomado en cuenta cantidades no justificadas por un total de 70,2 millones de euros correspondientes a transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento a cuatro sociedades municipales, la falta de justificación del destino de varias transferencias realizadas a dos sociedades por un importe de 12,2 millones, la falta de justificación de dos pagos por 13.200 euros y la falta de justificación de cuatro libramientos por un importe total de 122.600 euros.

Esta condena, al ser de alcance contable, no incluye reproche penal, vertiente que se está juzgando actualmente en el 'caso Saqueo 2', que se sigue en la Audiencia Nacional, y fue vista también en el 'Saqueo 1'.