«Aspiramos a tener un nuevo Juzgado de Instrucción más»

El nuevo juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, abordó en los micrófonos de la Cadena COPE diversas cuestiones de actualidad, como la reforma de la Ley del Poder Judicial o del Código Penal.

-Los jueces están molestos porque no están de acuerdo con algunos aspectos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con la del Código Penal.

-El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos tiene no sólo expectantes sino muy activos acerca de las políticas que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Justicia, porque los jueces somos y debemos ser los principales defensores de la Justicia, lo que significa defender esencialmente un servicio al ciudadano. La Justicia debe ser rápida, ágil y eficaz y no se debe demorar y el anteproyecto pretende incidir en aspectos notables, como el Estatuto de Jueces y Magistrados, que no ayudan a esa modernización, esa agilización y esa eficacia de la Justicia. Por eso, hemos constituido una comisión interasociativa formada por todas las asociaciones de jueces, que representan a la mitad de la carrera, y a la que se han adherido también los no asociados en las Juntas celebradas el pasado 21 de septiembre, lo que es un hito. En la mañana del martes, el ministro de Justicia se ha sentado a negociar y estamos en una situación positiva, en el camino de lograr una ley que sea eficaz y que respete el Estatuto así como los elementos para conseguir una Justicia de Calidad.

-¿A qué estarían dispuestos a llegar si no hubiese acuerdo?

-Primero hay que negociar. El Ministerio se ha comprometido a presentar, en una semana, un texto en el que se recojan algunas de las aspiraciones de la Comisión Interasociativa y presentarlo para reflexionar sobre él. Si no se llega a buen puerto, se adoptarían as medidas que se deben adoptar en la Comisión, que van desde paros hasta incluso la huelga.

-El CGPJ está politizado y los jueces quieren que eso cambie, pero ¿les van a hacer caso?

-Lo que debería hacerse es lo que ya está regulado. Sólo hace falta leer la Constitución para darse cuenta de cómo debe estar formado el Consejo, con 20 miembros de los que 12 son elegidos por los jueces y magistrados, por voto libre, igual, directo y secreto. Si eso se hiciese así, el Consejo nunca sería un órgano politizado. Con el anteproyecto, al Consejo se le reducen todas sus competencias. Se pretende entrar en su naturaleza jurídica y entender que no es un poder del Estado, sino someter al juez o magistrado a un carácter funcionarial. Si esto es así, lo que debería hacerse es que el Consejo desapareciese.

-¿Cómo están afectando los recortes a la Adminsitración de Justicia? Porque se ha pedido en varias ocasiones un nuevo Juzgado de Instrucción.

-Nos han pedido que extrememos, por ejemplo, el cuidado del material y la utilización de los medios, desde un bolígrafo hasta los folios. Se ha perdido la oportunidad de modernizar la Justicia cuando España estaba en una situación boyante, con medios técnicos. Dentro del paquete de medidas que he introducido al llegar al decanato se encuentra hacer una radiografía de la situación de los juzgados en cuanto a ordenadores, fotocopiadoras... Y ver si se le está sacando rendimiento al material de que se dispone. En Melilla, la aspiración básica que tenemos es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, porque los juzgados con más carga de trabajo son los mixtos. En la última memoria del presidente del TSJA se hablaba de la convenciencia de crear un nuevo juzgado. He hablado con el Consejo de esa posibilidad y me dicen que por medios económicos es imposible ahora pero que cabe la posibilidad de enviar a Melilla jueces adjuntos. Además el Registro Civil, cuyas funciones hace el número 3 debería ser único.