La edil de Consumo recuerda cuáles son las competencias de la OMIC en la ciudad

La edil recordó que la OMIC inició su andadura en 1983. Permaneció durante gran parte de su dilatada existencia en la plaza de la Constitución, en el edificio entregado por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para este fin. Últimamente por diversas circunstancias ha tenido distintos destinos. Fue trasladada primero a la calle Carboneros, luego frente a la frontera con Gibraltar en el módulo donde se encuentra la actual Oficina Municipal de Turismo, más tarde al Palacio de Congresos y finalmente, siendo concejal delegada Ana Pureza Jiménez, se ubicó en el complejo educativo Ballesteros.

En cuanto a las funciones y ámbito de actuación, debe atender las consultas en materia de consumo, además de recibir, registrar y acusar recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje, remitiéndolas a las entidades u órganos correspondientes. «Sirve, en su caso, de cauce de mediación voluntaria de conflictos entre consumidores o usuarios y profesionales o empresarios. Igualmente, fomenta la educación y formación de los consumidores y colabora con otras entidades públicas y privadas», añadió.

Además, la edil añadió que la OMIC «realiza mediaciones y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un acuerdo mediador. Asiste y apoya a las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios. Facilita a los consumidores y usuarios el acceso a documentación técnica y jurídica actualizada en materia de consumo».

En general, realiza cualquier función que contribuya a la protección de los consumidores. Como excepción, facilita a los comerciantes la obtención del libro de hojas de reclamaciones, evitando con ello el desplazamiento a la Subdelegación de Gobierno de la Junta en Algeciras, agilizando así los trámites en los traslados y licencias de apertura. De esta forma, la OMIC garantiza la tenencia por parte de los comercios de los libros de reclamaciones que, como es conocido, es la base física para que los consumidores puedan más tarde ejercer su derecho a iniciar el procedimiento de reclamación.

Estos servicios pueden ser utilizados por todos los consumidores y usuarios empadronados en La Línea de la Concepción.

No puede intervenir

La OMIC no puede intervenir en las relaciones privadas entre particulares, así como en las reclamaciones por compras de productos o servicios de particular a particular, ya que no son temas de consumo porque el vendedor o prestador del servicio no se dedica profesionalmente a ello. El afectado deberá ponerse en contacto con asesores o abogados particulares para solventar la controversia. También se excluyen las reclamaciones derivadas de la compra de un producto o servicio realizada por comerciantes, profesionales o empresarios. En este caso no existe relación de consumo porque no hay consumidor final. El que ha contratado el servicio o adquirido el producto lo hace para dedicarlo a su actividad empresarial.

Igualmente se excluyen las cuestiones iniciadas en vía judicial o sobre las que haya recaído sentencia judicial, así como las reclamaciones o recursos dirigidos a una administración pública. Para estas cuestiones deberá dirigirse al servicio público de la administración correspondiente.

También queda excluida la información sobre empresas concretas y las reclamaciones en las que ni el consumidor ni el empresario son de La Línea. Asimismo, se excluyen los asuntos sobre arrendamientos urbanos, en estos casos no existe relación de consumo al no tener la condición de profesional ninguno de los contratantes. Se exceptúa la contratación a través de agencia inmobiliaria. Como ésta sí es una actividad profesional, cabe dirigirse a la OMIC para cualquier duda o reclamación.

Tampoco se presta un servicio público respecto a una relación contractual en la que no se han pagado los correspondientes impuestos. Siempre podrá acudir a la OMIC para interponer denuncia porque el prestador del servicio o vendedor del producto se niega a emitir factura, contrato o documento probatorio.

Por último, también se excluyen las reclamaciones en las que falte algún documento probatorio de la relación contractual. En este caso tampoco procede la tramitación al no poder fundamentar una reclamación sólo en la palabra del consumidor. Igualmente cuando se aporte factura ésta deberá ser completa, impuestos incluidos.