Juan Manuel Calleja, comisario jefe superior de Policía de Melilla«La tendencia es positiva y me voy con el deber cumplido»

¿Por qué ya no se convocan esas reuniones extraoficiales que hasta hace poco eran más o menos habituales entre las policías española y marroquí?

Como tal no se han vuelto a producir. Si se registra algún problema, sí existen contactos personales casi diarios entre los responsables de los puestos fronterizos, pero, por diversas circunstancias, a nivel institucional no se han vuelto a producir, a pesar de que lo hemos solicitado por diversas vías, tanto a través de la Dirección General de la Policía como del cónsul en Nador. Pienso que es muy interesante y qué duda cabe de que estos contactos repercutirían positivamente para dar respuesta a los problemas que se producen.

¿Fue la crisis de la frontera de 2010 el momento más delicado de su gestión en Melilla?

Ha habido varios momentos un tanto delicados. Sin olvidar que en 2008 se registró otro momento complicado porque incluso se llegó a cerrar la frontera durante unos días, la de 2010 fue algo más constante y dura por el agravio que sufrieron los agentes de la Policía Nacional y, en especial, las mujeres que prestan servicio en los puestos fronterizos. Los incidentes de la Cañada también me preocuparon bastante. Afortunadamente, pudimos hacernos con la situación y resolver el grave conflicto de orden público. Son situaciones que no son nada agradables, sobre todo cuando se viven momentos de tensión en los que los agentes hicieron gala de su profesionalidad y no respondieron a los insultos, provocaciones y agresiones de las que, en algunos momentos, fueron objeto.

¿Le queda el regusto amargo de no haber podido ver hecha realidad la deseada ampliación de la Jefatura Superior de Policía?

El anterior equipo ministerial era consciente de la necesidad de ampliar estas instalaciones, toda vez que ha aumentado el personal y cuenta con nuevas unidades. Coincidió con el momento más agudo de la crisis económica y ese proyecto se quedó en suspenso. Me consta que Melilla sigue siendo una de las prioridades para la ampliación de la Jefatura Superior de Policía, porque es vital y necesario. Tengo entendido que el ministro del Interior y el actual director general de Policía tienen intención de visitar Melilla y serán ellos los que comprueben la situación en la que se encuentra el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que dependerá de ellos, cuando la situación económica así lo permita, apoyar y acelerar este proyecto.

¿Es Melilla una ciudad segura?

Sí. La seguridad tiene una percepción muy subjetiva, pero si nos referimos a los hechos que se denuncian, afortunadamente no se investigan delitos graves. Por su densidad de población y su extensión geográfica, se puede idear cualquier proyecto de seguridad y ver los resultados en un corto espacio de tiempo. Melilla, a día de hoy, con la plantilla de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, está muy bien dotada. La coordinación entre los tres cuerpos funciona, aunque todo es mejorable. Comparada con otras ciudades del país, la tasa de delitos no es alta. Creo que la tendencia de estos años es positiva y me voy con el deber cumplido en estos cuatro años en cuanto a los índices y la respuesta policial.

¿De qué modo analiza las acampadas que, en las últimas semanas, han trasladado algunos inmigrantes del CETI a la Plaza de España para pedir una salida a su situación?

Lo que ellos tienen que entender es que, por imposición de la fuerza, no van a conseguir nada. Hay unos trámites que son de obligado cumplimiento. Todas las personas que han entrado de forma ilegal, aparte de que el Estado las acoge, las recoge y las dota de documentación, tratar de regularizar su situación y devolverlas a sus respectivos países de origen, para esa repatriación es necesario el concurso con las autoridades consulares, es decir, que, previamente, reconozcan que son ciudadanos de aquellas latitudes. Eso lleva su tiempo. Claro, los inmigrantes creen que, al ser trasladados a la península, existe un plazo máximo de 60 días, piensan que se quedan en libertad y serán ciudadanos europeos. Pero eso no es así. Entienden que llamando la atención, conseguirán sus fines, pero así no va a ser, de ninguna de las maneras.

¿Qué es lo que hace el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado?

Elabora un informe anual al Gobierno sobre las amenazas que supone el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones. Mayoritariamente, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos. En base a ese informe, se evalúa la amenaza y el Gobierno central adopta las medidas, a través del Ministerio de Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, que requiera la respuesta adecuada para tratar de rebajar esa amenaza. Además, se encarga de la coordinación de todas las operaciones entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. En un futuro próximo se integrarán las policías autonómicas de País Vasco y Cataluña con el fin de que no se solapen las investigaciones que se desarrollen y, por lo tanto, que los resultados sean óptimos. Tratar de mediar para que, por así decirlo, el Estado de Derecho sea el ganador.