Primer imputado absuelto en el juicio de 'Malaya' tras un pacto con el fiscal

«Ya ha oído usted. El Ministerio Fiscal retira la acusación que hasta este momento mantenía. Se dictará sentencia absolutoria, quedarán sin efecto las medidas cautelares y puede abandonar la sala si lo desea». Estas palabras pronunciadas ayer en boca del juez José Godino son las que cualquier acusado en el juicio por el 'caso Malaya' querría escuchar.

Pero por ahora solo iban dirigidas a Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña y acusado de falsedad documental, que se ha convertido en el primer imputado en ser absuelto tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la lectura del acuerdo en la sala, que anticipa las conclusiones definitivas, Javier Pérez pudo abandonar la sala y ya no se tendrá que preocupar de la pena de dos años de cárcel que se le solicitaba inicialmente. Según la Fiscalía, Javier Pérez le pidió a su amigo Carmelo Armenta -que también pactó con Anticorrupción una rebaja de la petición de cárcel- que firmara un contrato falso para justificar dos millones de euros en dinero negro que entregó su padre Ismael Pérez Peña a Juan Antonio Roca.

La absolución de este imputado está vinculada al acuerdo con la Fiscalía al que llegó su padre, que fue responsable del servicio de grúas y del alquiler de coches al Ayuntamiento de Marbella y que estaba acusado de los delitos de cohecho o malversación. El empresario reconoció al fiscal haber sobornado con 180.100 euros a Roca y Marisol Yagüe (para recibir favores de los responsables municipales ) y a cambio recibió una sustanciosa rebaja en la pena solicitada, de 11 años de cárcel, a dos sustituibles por multas. El pacto de Pérez Peña facilitó la absolución de su hijo y deja abierta la puerta para otros acusados que quieran reconocer sus delitos a cambio de reducir sus posibles condenas.

Armas ilegales

El anuncio de estos pactos con Anticorrupción ha sido el mayor avance hasta ahora en juicio por la trama de corrupción en Marbella. Ayer se celebró la sesión número 99 con la declaración de policías y funcionarios de la Agencia Tributaria que aportaron detalles sobre la investigación. Lo más destacado fue la intervención de dos peritos policiales, que declararon sobre las tres armas que se hallaron en las dependencias de la Policía Local de Marbella, al frente de la cual se hallaba el acusado Rafael del Pozo, en los registros de marzo de 2006.

El fiscal preguntó a los peritos sobre las «irregularidades» de estas tres pistolas. Según los agentes, las tres armas carecían de la oportuna guía de pertenencia y no estaban troqueladas. «Un banco oficial de pruebas de la Unión Europea tiene que reconocer el arma y se asigna así a una persona o entidad. Sin ese requisito, su tenencia es ilegal», manifestaron los peritos.

Otro de los asuntos que se trataron fue la adquisición de varios coches de lujo que, según la investigación, fueron regalados a la exalcaldesa Marisol Yagüe. El fiscal interrogó a empleados de los concesionarios que hicieron las ventas; los testigos aseguraron que los coches se abonaron en efectivo, que el recibo se puso a nombre de una tercera persona que no era el propietario y que el exconcejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez (ya fallecido), fue quien los pagó.