Cae una red que extorsionaba a presos de la cárcel de Archidona y a sus familiares
La Policía Nacional detiene a diez personas e investiga a varios reclusos por su implicación en los hechos
La madre de un interno del Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, tuvo que realizar treinta pagos a una red que los estaba ... extorsionando. Cuando el montante alcanzó los 3.000 euros decidió poner punto y final a las amenazas y acudió a la Policía Nacional. Nacía así la 'Operación Ochavada' –como la plaza central de Archidona– que se ha saldado con la detención de diez personas y la investigación de otros tantos reclusos que se dedicaban, presuntamente, a extorsionar y amenazar a presos y sus familiares.
Las cifras de la operación, llevada a cabo por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, dan cuenta de su envergadura. Además de los diez arrestos fuera de la cárcel, hay 17 personas bajo el foco de las diligencias policiales, entre presos y familiares, todos ellos por un presunto delito de extorsión.
Pista a pista, los investigadores consiguieron confirmar que la trama giraba en torno a un sistema, común en todas las cárceles, conocido como gabela (nombre originario del tributo que se pagaba a los señores feudales en la Edad Media). «Este sistema, llevado a la actualidad al ámbito de la prisión, supone la adquisición de supuestas deudas con otros reclusos por la compra de productos dentro de la cárcel», indican desde la Policía Nacional en un comunicado.
A través de las diligencias, los agentes dieron con tres internos que habían sido extorsionados a través de sus familias en el exterior. Los perjudicados, ante el temor de que los extorsionistas cumplieran sus amenazas de causar un daño a ellos mismos o a sus familiares, solicitaban la ayuda de sus parientes directos, que a su vez accedían al pago de la deuda mediante lo que se conoce en el argot carcelario como sistema de códigos. Bajo este procedimiento, a través de empresas de envío de dinero, los familiares de las víctimas realizaban ingresos a nombre de terceros, en su mayoría allegados en el exterior de los presos investigados.
Asimismo, entre los investigados figura un interno de 48 años y nacionalidad española, a quien también se acusa de proponer, supuestamente, introducir droga en la prisión, en un vis a vis, a un familiar de unas de las víctimas.
«Es más habitual de lo que parece»
Dentro de un centro penitenciario las normas son especiales, y manda el más fuerte. Por eso es «más habitual de lo que parece» que se produzcan casos de extorsión entre internos, según explica a SUR un funcionario que prefiere no revelar su identidad. «En el interior de los módulos la droga multiplica su valor, y a veces la única forma de conseguirla es mediante una deuda». Una vez se contrae ese compromiso de pago «empiezan los problemas».
El proceso es sencillo: la deuda inicial no es excesivamente alta, pero los intereses y los plazos son «muy elevados». Así lo indica a SUR el trabajador y la Propia Policía en su comunicado, que señala que en los casos detectados, el crédito nunca terminaba de saldarse por los tipos impositivos, establecidos sin contrato ni garantía, más bien a ojo y según convenga en cada momento.
«La mayoría nunca lo denuncia», indica el trabajador de Instituciones Penitenciarias. El miedo a que se cumplan las amenazas puede con todo, y el problema se multiplica cuando la deuda comienza a expandirse a través de los familiares, que en muchos casos ejercen de portadores del dinero y objeto de las advertencias.
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